El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) ha atendido, entre los meses de marzo y julio, 1.500 casos de familias que han acudido a la Concejalía que dirige la nacionalista Rosario González en busca de ayudas urgentes para subsistir. La responsable de este servicio recuerda que fue en diciembre y enero cuando se estrenó el equipo de emergencia social, integrada por una quincena de trabajadores sociales y auxiliares, para atender casos de necesidad urgente y de emergencia al margen de los que se tramitan desde las Unidades de Trabajo Social (UTS).

Rosario González precisa que este equipo especializado en dar respuesta casi inmediata permite, por una parte, no sobrecargar la labor de las UTS y, por otra, intervenir y dar respuesta a la situación que afecta a familias afectadas por vulnerabilidad extrema. La responsable del IMAS también precisa que este equipo de emergencia social se centra en el día a día gracias, también, al sistema de gestión de las tarjetas de alimentos, que tienen una cobertura anual, por lo que el personal de Atención Social puede ampliar su labor.

Desde la puesta en marcha, el equipo de intervención inmediata comenzó siendo pieza fundamental para colaborar con familias necesitadas de núcleos tan populosos como Ofra y Añaza, si bien con el paso de las semanas ampliaron su ámbito de influencia a los barrios de Los Gladiolos, La Salud, Barranco Grande, Zona Centro y San Andrés.

Vulnerabilidad en números

La incidencia de la crisis económica provocada por la pandemia mundial, lejos de remitir, se ha incrementado en las últimas fechas. Cuando se puso en marcha el equipo de intervención inmediata, la principal demanda de ayudas registradas en el IMAS se refería a alimentación, seguida de las solicitud para la derivación de familias al Banco de Alimentos, complementándose con la tarjeta de alimentos.

Sin embargo, desde el pasado mes de mayo, la principal demanda de ayuda que recibe el Instituto se refiere a la colaboración municipal para evitar cortes de agua, pasando la demanda de alimentos a un segundo lugar, lo que obedece a que también esta cobertura quedaba cubierta al ampliar el período de vigencia de la tarjeta de alimentos.

La solicitud de apoyo para evitar el corte del suministro de agua en las viviendas de las familias se ha consolidado como la principal necesidad desde mayo hasta que finalizó julio, según los datos aportados desde el IMAS.

Un pormenorizado control en las ayudas que se registran en las oficinas municipales concluye que, en junio y julio, seis de cada diez apoyos reclamados por familias vulnerables eran para garantizar en suministro de aguas en sus viviendas, una intervención de urgencia afrontada desde este equipo de intervención inmediata. Frente al 60% de ayudas para agua, la demanda de alimentos en los dos últimos meses asciende al 32% de las solicitudes, mientras que otro 6% se refiere a la petición dirigida al ayuntamiento para poder afrontar el pago del recibo de la luz.

El equipo de apoyo a las UTS tramitó, solo entre marzo y junio, 1.002 prestaciones económicas de asistencia social (PEAS). Dentro de este capítulo, el 35% de las mismas fueron para alimentos, un 22% para afrontar el pago de la luz y el 9% restante, a ayudas de viviendas, como alquileres.

La concejala recuerda también que, junto a los apoyos económicos para poder subsistir, desde el Instituto Municipal de Atención Social se han abordado un total de 161 casos de familias en situación de riesgo de desahucios, a las que se les ha ofrecido ayuda para alimentación además de elaborar los certificadores que acrediten, en los casos que corresponde, los casos de vulnerabilidad, declaración fundamental para evitar paralizar la orden judicial del lanzamiento.

El ayuntamiento, solo

La concejala del IMAS recuerda que semanas atrás el Cabildo de Tenerife citó a los responsables municipales de Atención Social para comunicar que con cargo a los fondos insulares se destinará un presupuesto de 3,8 millones de euros para emergencia social, una cantidad que contrasta con los tres millones que el Ayuntamiento chicharrero destinó de enero a junio para las tarjetas de alimentos.

«Al final, los ayuntamientos, que somos la administración más cercana a los vecinos, nos vemos solos a la hora de dar respuesta a la demanda de ayuda social de las familias», y recuerda que «El Gobierno canario tiene unos trámites demasiado largos», asegura, y pone como ejemplo cómo se eterniza el reconocimiento de la dependencia, que se puede prolongar durante más de dos años y medio, a lo que se une la inefectividad del Ingreso Mínimo Vital. «El Cabildo debe ayudar más a todas las Corporaciones para que los ayuntamientos podamos llegar a más gente; lo mejor sería que cada administración garantizara su servicio».

Pero Rosario González se pone en el lugar del demandante, que se ve superado por una precaria situación económica y asegura: «Las personas más vulnerables solo encuentran amparo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife», mientras hace partícipe al personal del IMAS de la entrega que realizan para tirar del carro en favor de los más necesitados, si bien la concejala no oculta que, «en ocasiones, siento que somos los únicos que hacemos lo imposible ante tanta adversidad social».