El pleno aprobó por unanimidad la propuesta de Patricia Hernández, revestida de un perfil bajo y conciliador, para encajar los «golpes» de Carlos Tarife y Dámaso Arteaga en aras de sacar adelante su moción: construir un segundo puente en San Andrés. Eso sí, antes ni les votó una modificación presupuestaria.

Marear la perdiz: sinónimo del debate estéril y con reproches entre políticos para concluir todos comiendo en el mismo plato. Esa es la sensación que se queda después del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz más largo del mandato tras nueve horas en las que se diluyen asuntos estratégicos en el «ruido» del debate.

Los socialistas, que luego se revistieron con piel de corderos para lograr el consenso final, reprocharon al equipo de gobierno que pidieran una modificación de crédito para habilitar 800.000 euros cuando en el expediente que les habían remitido consta que «el presupuesto de ejecución se ha cuantificado en 150.000 euros» y el período de ejecución, de unos dos meses, si bien después de esos trabajos solo permitiría el paso de vehículos de hasta diez toneladas. La portavoz socialista lamentaba no tener el expediente al completo, porque no coincidía con el compromiso del alcalde con los vecinos: el puente rehabilitado permitirá el paso vehículos de 25 toneladas, y con autorización de hasta 40, y las obras finalizarán antes de final de año.

Patricia Hernández insistió. No dijo discutir la cuantía que se ampliaba, sino el procedimiento, en función al documentó que tenía: «un contrato de emergencia limitado» a dos meses y 150.000 euros. Desde las filas del gobierno local, tanto Juanjo José Martínez como el propio alcalde, acusaron a la portavoz socialista de confundir. «Es una obra por emergencia, que el proyecto y los trabajos se hacen a la par, y se habilitan 800.000 euros, como si es necesario un millón», reiteró Bermúdez. Pero la exalcaldesa se plegó a los documentos y la oposición ni apoyó la ampliación, ni la rechazó, ni se abstuvo... «Solo» no votó porque «no iban a hacer un acto de fe», lo que provocó que el popular Carlos Tarife mostrara las uñas: «Traen mociones para pedir un puente y votan contra de la modificación presupuestaria que permite rehabilitarlo».

Partido de vuelta

El pleno continuó con otros asuntos hasta que llegó la moción en la que la concejala socialista buscaba el consenso de todos para que prosperara su petición de que se construya un segundo puente.

Primero vistió la moción con la voz de la calle, la intervención de Manolo Rodríguez, vicepresidente de la Voz del Valle, de Taganana, y de Alejandro Sosa, de la asociación Nuestra Señora de Begoña, de Almáciga. El primero se remontó a la historia del transporte y la comunicación de Anaga para lamentar el abandono al que durante cuarenta años se ha sometido a Anaga, y hasta sacó a baleo al exalcalde Manuel Hermoso Rojas.

Cogió el pie de romance Alejandro Sosa, que puso voz al sentir de la calle. «¿Ustedes vivirían en Anaga?», le preguntó los concejales, para pedirle: «no voten en función del signo político, sino como vecinos Almáciga, Benijo, Taganana, Chamorga, Tachero, Afur». Si alguien no se había emocionado, el convocante –junto a Manolo Rodríguez– de la primera manifestación que afrontó el sábado pasado Bermúdez como alcalde, sentenció: «como dijo la escritora canaria Andrea Abreu en el periódico El País: Si esto es el paraíso, díganme por qué no se me parece en nada al paraíso. Díganme por qué los que habitamos el paraíso seguimos viendo la piscina desde el otro lado».

A partir de ahí, Patricia Hernández comenzó el relato e intentar convencer al equipo de gobierno de que le aprobara el segundo puente sin acordarse de que una hora antes le hizo el feo con la modificación presupuestaria.

En ausencia de José Alberto Díaz-Estévanez, que ahora presta servicios en el Parlamento canario, el equipo de Gobierno depositó su confianza en el popular Carlos Tarife, que entró a matar a la exalcaldesa. Primero, al evidenciar la contradicción de rechazar la ampliación de crédito y luego pedir un segundo puente. Y se vino arriba para cargar contra el concejal socialista José Ángel Martín –uno de los firmantes de Ínsula Viable que destapó el caso Las Teresitas y a quien recordó que se puso delante de las máquinas para paralizar las obras de urbanización en el Valle de Las Huertas, en 2010. De haber continuado, hoy estaría el viario; de hecho, hasta se dejó el tablero de un puente porque se frenaron los trabajos.

Pero los socialistas ni se despeinaron, encajaron el golpe, y entró a saco entonces Dámaso Arteaga. Primero, conciliador con los vecinos, «si hemos cometido errores, les pedimos disculpas», luego, con la frase lapidaria del debate: «Ustedes (PSOE) levantan con las manos la pancarta en la manifestación y con el pie ponen la zancadilla para que se pueda resolver el problema».

Patricia Hernández le espetó a Tarife en la réplica: «Hay que hacer algo más que presentar mociones de apoyo a Cuba», en referencia a la iniciativa que había planteado con anterioridad y para evitar que no se quedara en una mera declaración de intenciones.

El concejal de Urbanismo recordó que ha sido precisamente él quien ha impulsado la búsqueda de soluciones para el Valle de las Huertas, al dar instrucciones para «concluir la depuración de la estructura de la propiedad original; requerir a la Junta de Compensación para que proceda a la revisión/redacción de un proyecto de reparcelación que incluya a aquellos propietarios que no fueron tenidos en cuenta y tienen el reconocimiento judicial, y requerir a la Junta para que actualice el proyecto de urbanización».

Además, plantea también «una vez urbanizados los terrenos recibir la urbanización que se haya ejecutado conforme al proyecto de urbanización y , en caso de que la Junta no cumpla con sus deberes, esta administración deberá tomar aquellas acciones legales que están previstas en la ley».

Acercando posturas

De nuevo, Patricia Hernández intentaba respaldo unánime. «Es votar si están de acuerdo en si hay que construir un segundo puente con plenas garantías o no (...)». Al final, Arteaga acercó posturas a cambio de incluir la frase «apoyamos ejecutar el proyecto y los viales correspondientes para garantizar el segundo puente con plenas garantías legales». La exalcaldesa intentó evitar el término legal, porque lo consideraba obvio, pero Arteaga ya no quiso dar su brazo a torcer; era el precio del acuerdo unánime: «Lo que abunda no daña», le dijo.

Más allá de expedientes, el alcalde reiteró el compromiso político: «el viejo puente se rehabilitará porque está protegido y no se puede demoler; permitirá hasta un máximo de 40 toneladas (25 de paso ordinario) y estará listo antes de final de año». Una hora de debate, y todos refrendaron la construcción que pedía la exalcaldesa y había anunciado el alcalde a los vecinos.