El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la subida de la tarifa del taxi fuera del casco histórico de Santa Cruz. En concreto, el juez ha estimado el recurso que presentó el Gobierno de Canarias en contra de la decisión del Ayuntamiento chicharrero de delimitar el espacio de aplicación de la denominada Tarifa 1 (urbana) solo a la Zona de Gran Afluencia Turística de la capital, cobrándose para el resto de trayectos en el municipio la Tarifa T3 (interurbana), que supuso, a partir del 30 de enero de 2020, un aumento del coste de las carreras de entre 20 y 55 céntimos.

El anterior Gobierno municipal, formado por el PSOE y Cs, aprobó una modificación de la Ordenanza Municipal del Taxi para reducir el espacio de aplicación de la tarifa urbana, que es más barata, de manera que esta solo se utilizase en el casco histórico entre la Rambla, la avenida de Anaga y San Sebastián. Fue la solución que el Ayuntamiento dio entonces al sector del taxi para dar respuesta a una demanda histórica, después de que la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias rechazase la propuesta planteada en 2016, con el nacionalista José Manuel Bermúdez al frente de la Corporación, de equiparar las tarifas 1 y 3. El objetivo era mejorar el nivel de ingresos de los trabajadores del taxi.

Sin embargo, el Ejecutivo presentó un recurso contra la modificación de la ordenanza municipal acordada por el equipo de Gobierno del PSOE y Cs. Un año y medio después de que la nueva tarifa entrase en vigor, la Justicia ha estimado ahora dicho recurso, anulando la decisión del Consistorio y condenándolo, además, a abonar las costas del procedimiento.

La Viceconsejería de los Servicios Jurídicos alegó en el recurso que «el acuerdo municipal reduce de tal manera los límites espaciales del centro de la ciudad que sirven de aplicación de la tarifa urbana (T1), que determina que una gran cantidad de viajes por el interior de la capital tengan la consideración de interurbanos con el efecto de aplicarse la T3, lo que obliga al usuario a pagar el trayecto de recogida y de regreso en la práctica totalidad del municipio, siendo más cara, sin que esto refleje la realidad, pues un taxi de regreso dentro del circuito urbano de Santa Cruz puede empezar una nueva carrera».

Dice el juez en la sentencia que, «en efecto», los nuevos límites dejan reducido en centro urbano casi el casco histórico entre la Rambla, la avenida de Anaga y San Sebastián, «como si Tomé Cano, la avenida Tres de Mayo o gran parte de La Salle no fueran hoy en día clarísimo centro de la ciudad». «El problema radica en que una alteración desproporcionada de los límites del perímetro urbano a efectos del taxímetro vicia el mandato de pago del coste real del servicio», se indica en el fallo judicial. En este se recuerda que la Tarifa T1 (urbana) es aquella que se aplica a los servicios que discurren íntegramente por zonas urbanas, dentro de los límites territoriales establecidos por el ayuntamiento correspondiente, y que la T3 (interurbana) es aquella que se aplica a servicios que tiene su origen en el municipio y su destino fuera de las zonas urbanas o en otro municipio, como ocurriría, por ejemplo, en un trayecto desde Santa Cruz hasta el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

El juez concluye que la delimitación del nuevo espacio urbano aprobado por el Ayuntamiento de Santa Cruz «resulta a todas luces especulativo e irreal, debiendo estimarse la demanda formulada por la administración autonómica por incurrir en vicio de anulabilidad». El actual equipo de Gobierno en el Consistorio, formado por CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso, y según lo ha informado el edil de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra (PP), estudiará la posibilidad de presentar un recurso de casación contra esta sentencia.

Víctor Melián, presidente de Tele Taxi Santa Cruz, ha mostrado su preocupación «pues esta sentencia va a suponer un gran perjuicio para el sector e, incluso, podría conllevar reclamaciones». También aprovecha para denunciar que «en su momento, el equipo de Gobierno del PSOE y Cs no informase a los taxistas de que el Ejecutivo canario había presentado un recurso contra la modificación de la ordenanza municipal que ellos mismos habían aprobado, para darnos la oportunidad de poder pronunciarnos». «Pero claro, ¿cómo nos iban a decir nada, si los estaba denunciando su mismo partido político?», añade Melián.