Acuerdo unánime para negociar con ‘fondos buitre’ y evitar desahucios

Los 59 diputados presentes en el momento de la votación avalaron la iniciativa de Socorro Beato defendida en la Cámara regional para salir en ayuda de las diecisiete familias que viven amenazadas por el desahucio en el número 42 del pueblo de Tablero, en el distrito Suroeste.

Para favorecer el consenso de la Cámara, la proponente admitió la mejora de su iniciativa, que plantea también «crear una mesa de trabajo técnica para identificar, en coordinación con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), a las familias en situación de vulnerabilidad que viven bajo la amenaza de desahucio». Este añadido persigue dar una mayor cobertura, más allá del término municipal de Santa Cruz –municipio pionero en el protocolo de desahucios desde hace diez años– y en especial a los ayuntamientos que carecen de los medios suficientes.

También se acordó «retomar los trámites con el Consejo General del Poder Judicial que permitan que los juzgados comuniquen al Gobierno de Canarias, y este a su vez a los Ayuntamientos, el inicio de un proceso de desahucio». De esta forma, explicó la diputada y también concejala de Santa Cruz, Patricia Hernández, tendríamos un margen para actuar si se comunica la situación desde que se conoce el inicio del expediente.

La defensor de la PNL recordó que el Ayuntamiento de Santa Cruz ya había facilitado los informes de vulnerabilidad de las 17 familias afectadas de El Tablero, para hacer constar ante sus señorías la decepción de los interlocutores de los vecinos al término de la reunión mantenida la tarde del pasado martes en la sede de Presidencia, donde las familias protagonizan la ‘acampada de la dignidad’, desde hace 11 días.

Beato exigió al Gobierno que busque herramientas y alternativas para identificar a las familias amenazadas por los desahucios y negociar la adquisición de las viviendas con los ‘fondos buitres’ que son los propietarios de los inmuebles que ocupan.

Todos los portavoces de los partidos que apoyan al Ejecutivo canario refrendaron la iniciativa de Beato e incorporaron alguna mejora. Jesús Ramón Ramos Chinea, de ASG, demandó una solución habitacional, desde viviendas protegidas, como si pasa por un mayor endeudamiento de Visocan, si ello permite proteger a los más vulnerables.

Francisco Déniz, de Sí Podemos Canarias, pareció convertirse en el portavoz de la plataforma vecinal de afectados y planteo desarrollar el derecho de retracto y tanteo que asiste a la administración si se persona en los pleitos para poder adquirir las viviendas en litigio en aras de lograr viviendas sociales en régimen de alquiler para los afectados, y hasta pidió destinar fondos públicos a las plataformas que asisten a los afectados con «asesoramiento sincero» y desde la primera línea.

Carmen Rosa Hernández Jorge, de Nueva Canarias, aportó la experiencia municipal, para alertar del drama social que se vive en el Archipiélago: cada día una familia pierde su vivienda y acaban hacinados o en infraviviendas, por lo que pidió intensificar esfuerzos para que se cumpla con un derecho fundamental: tener una vivienda digna. De ahí que celebre el decreto que anunció el consejero Sebastián Franquis para garantizar más allá del 9 de agosto que los canarios no deben temer desahucios hasta, al menos, final de año, además de pedir que se intensifiquen contactos con lo jueces para que sean sensibles con estos casos.

Patricia Hernández, del PSOE, se mostró a favor de buscar en consenso sin despreciar la iniciativa porque venga de la oposición y recordó el caso de El Tablero: el promotor inmobiliario quebró, una entidad financiera se quedó con la propiedad que vendió a un ‘fondo buitre’ y este, a su vez, a un segundo fondo.

La voz crítica del debate, Manuel Domínguez, del PP, que recordó que la situación de la carencia de viviendas sociales y recursos de alojamiento para personas en situación de vulnerabilidad se remonta a hace doce años. «A los gobiernos habría que darle un gran suspenso en vivienda porque ni se han construido, adquirido o negociado», para recordar que frente a los 505 desahucios que el Ejecutivo dice haber salvado, se han ejecutado 675 en el primer trimestre de este año. «Si hay que desahuciar a alguien sería al Gobierno canario», y reiteró que «el principal problema social de Canarias es la vivienda».