La sala García Sanabria, junto al salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz, acogió la tarde del pasado lunes una reunión entre las tres familias integradas en la asociación de vendedores del rastro con el alcalde, José Manuel Bermúdez; el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra; la concejala de Seguridad Ciudadana, Evelyn Alonso, así como Blas Hernández, subcomisario de la Policía Local y responsable en funciones del cuerpo de seguridad, más dos funcionarios responsables de Servicios Públicos.
El encuentro entre las partes se promovió para analizar el plan de seguridad y las medidas adoptadas el pasado domingo, cuando los agentes requisaron 900 prendas falsificadas en cinco puestos, según la versión oficial, y que afectó a dos, según las fuentes consultadas entre los vendedores.
Poco después de este operativo que desplegó la Policía local se recibió una amenaza de bomba y durante menos de una hora se restringió la entrada y salida de las instalaciones, un hecho que los agentes de la autoridad vincularon a un acto de despecho de algunos de los afectados, descartando la veracidad de la amenaza. «El rastro cuenta con un plan de seguridad y se llevó a cabo tal y como está previsto; no fue necesario cerrarlo todo el día, una vez se aclaró que se trataba de una llamada por un desaire, sin que fuera cierta», reiteraron los interlocutores del equipo de gobierno. Una vez aclarada la incidencia, a raíz de la intervención las autoridades recordaron la prohibición de la venta de prendas falsificadas, un género sobre el que los representantes de la asociación del rastro se refieren como «imitaciones».
En el diálogo con las autoridades, el colectivo que preside Carmen Tejera recordó que ninguno de los vendedores resultó detenido, a la vez que otros representantes explicaron que la venta de este tipo de artículos permite «a la gente pobre, que no tiene recursos, ponerse por 25 euros una camiseta con su equipo favorito, algo que no puede adquirir en una tienda de deportes, porque costaría cuatro o cinco veces más».
Las autoridades fueron contundentes a la hora de reiterar que está prohibida la venta de artículos falsificados y garantizaron que la Policía continuará actuando para evitar este comportamiento.
Tras analizar la situación que motivó el despliegue de seguridad el pasado domingo, la asociación destacó la necesidad de retornar a su emplazamiento habitual, en el entorno del mercado, cuando lo permitan las condiciones sanitarias impuestas por el covid, que obligaron a instalarlo de forma transitoria en la zona de la feria.
Las autoridades municipales garantizaron que el rastro volverá a la zona de La Recova después de hacer constar el enorme esfuerzo presupuestario que supone para las arcas públicas el dispositivo que se instala cada domingo. Las fuentes consultadas del equipo de gobierno coincidieron con la explicación facilitada desde el colectivo de vendedores sobre reiterar que el rastro volverá a la zona del mercado, aunque ya advierten que de otra manera: ajustada al número de puestos que existen en la actualidad –383– y variando la distribución que se conocía hasta el momento de su traslado. El número de puestos reconocidos suscita también diferencias, ya que desde la asociación se recuerda que la ordenanza municipal contempla un total de 631.
Los representantes de la asociación, que dejaron en el olvido las diferencias mantenidas en otros momentos y se presentaron como un frente común en la reunión con el ayuntamiento, coinciden con el equipo de gobierno en que el rastro vuelva a la zona de La Recova cuando lo permitan las condiciones sanitarias que obligaron a su mudanza a la zona de la feria. Desde el equipo de gobierno se insistió en que el regreso llevará aparejado el cumplimiento de medidas de seguridad y de la ordenanza, recordando que no está permitido, por ejemplo, colocar la mercancía en el suelo.
Los vendedores reiteraron que en el emplazamiento provisional de la feria les han reducido a la mitad los 4 metros que tenían cuando estaban en el entorno del mercado, si bien reconocen la buena acogida recibida, como lo evidencia la asistencia de público.
A raíz de la recogida de firmas iniciada el lunes contra el regreso de el rastro, los vendedores recordaron la sentencia que reconoce el derecho a volver a su emplazamiento, anterior a la construcción de los edificios, si bien está condicionada a no afectar a la entrada y salida de los edificios, tanto para los vecinos como para los garajes de la zona.
La presidenta de La Recova, Estefanía Hernández, a preguntas de EL DÍA, reconoció que el rastro supone un atractivo más para visitar esta zona los domingos y recordó que, por ley, este tipo de puestos debe estar en el entorno de los mercados. También dejó entrever la posibilidad de que el nuevo emplazamiento se ubique en la parte baja de San Sebastián, sin ocasionar problemas a los residentes.
