Representantes de los 47 trabajadores que integran la plantilla de Grupo 5, adjudicataria del servicio que se presta al más de centenar de usuarios del Centro Municipal de Atención de la capital tinerfeña, antiguo albergue, salen en defensa de un compañero de trabajo recientemente despedido y aseguran que esta decisión se debe a «la política del miedo ante una falta de libertad de expresión», además de lamentar recortes económicos y el aumento de la carga laboral en los últimos tiempos.

Alberto Domínguez, de Sindicalistas de Base, lamentó el reciente despido de un integrador social, que se encargaba de la acogida de usuarios. Los representantes de los trabajadores relacionan la decisión de la empresa de rescindir esta relación laboral a la publicación previa, por el afectado, de un artículo en un medio digital, sobre los talleres de medicación que se imparten a los usuarios, en el que cuestionaba la formación del personal para llevar a cabo esa tarea.

El portavoz de Sindicalistas de Base descarta que el trabajador despedido cometiera faltas anteriores y cuestiona la legalidad del despido, por lo que ha convocado una asamblea para el jueves, además de denunciar problemas en la relación laboral con Grupo 5, como la imposibilidad de que más de una persona haga coincidir sus vacaciones por servicio para ahorrar contrataciones de sustitución.

La concejala del IMAS, Rosario González, recordó que el servicio lo presta Grupo 5 y señaló que los usuarios permiten el control de su medicación a través de un convenio. «En las visitas al CMA solo he visto buen ambiente de trabajo, nada que ver con la política del miedo que denuncian los sindicatos», apostilló la edil.