La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz ordena el «desalojo inmediato a los ocupantes ilegales» del inmueble situado en el número 28 de la calle Miraflores, conocido como Casa Clavijo, debido a la «situación de peligrosidad existente» por el estado en el que este se encuentra. En la resolución emitida por el organismo municipal, a la que ha tenido acceso EL DÍA, se ordena también la «ejecución subsidiaria» de las medidas de seguridad necesarias, para que sea el propio Consistorio el que las lleve a cabo, ante los incumplimientos de los propietarios de este inmueble, en el que se ejerce la prostitución.

Desde la Gerencia de Urbanismo, que preside el edil Carlos Tarife (PP), se indica que esta construcción, una de las pocas viejas casas de Miraflores que aún sigue en pie, «presenta un cuarto de cubierta declarado en situación de ruina inminente parcial, y un estado de abandono interior y exterior que no ofrece condiciones de seguridad ni de salubridad». Aún así, y según recuerda el Ayuntamiento, este inmueble es susceptible de futura catalogación y protección, según un informe de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife.

Ya en abril de 2019, se procedió al desalojo del edificio y a su precinto por parte de Urbanismo, porque ya entonces se habían detectado «graves deficiencias». Incluso, se produjeron desprendimientos del techo del cuarto de azotea. Se enviaron varias notificaciones a los propietarios para que ejecutaran las medidas de seguridad necesarias, pero estos no han respondido a ninguno de los requerimientos. La casa ha vuelto a ser ocupada de manera ilegal, «tal y como ha quedado acreditado» en informes realizados en marzo de este año por parte de la Policía Local y por parte del Servicio de Control y Gestión Medioambiental y del Territorio.

Por ello, y ante la actual «situación de peligrosidad», Urbanismo ha ordenado de nuevo su desalojo, esta vez, «inmediato», y ha ordenado la ejecución subsidiara de las medidas de seguridad. En concreto, el Ayuntamiento instalará un «apuntalamiento preventivo en todas las plantas del inmueble (previa retirada de los falos techos); procederá a la demolición puntual y controlada (de cara a prevenir otro desprendimiento sorpresivo) del techo del cuarto de azotea; y colocará una malla de protección exterior anticascotes en las zonas con peligro de derrumbe de cascotes en la fachada. La liquidación de los gastos que se generen, que ascenderán a unos 6.800 euros, se requerirá a los titulares del inmueble.

Por otro lado, Urbanismo «pone en conocimiento de los ocupantes ilegales que pueden acudir al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), para que se preste apoyo y auxilio en el realojo de las personas afectadas». Insta a la Policía Local a proceder al desalojo, si este no se realiza voluntariamente de forma inmediata.