Los reproches políticos que se reiteraron a lo largo del pleno contrastaron con el golpe de realidad que acercó al salón de sesiones Elena Casañas, que actuó como portavoz de las diecisiete familias que viven en el número 42 de la subida a El Tablero. Madre de cuatro hijos, preguntó ayer al pleno la fórmula para, con los 900 euros que gana, poder pagar un alquiler, dar de comer a su familia y cubrir todos los gastos, desde el colegio a medicinas, ropas, luz, agua...

Como ya es habitual, la oposición (PSOE, Unidas Podemos y la portavoz de Ciudadanos) llevó en bloque una moción sobre los desahucios que se aprobó por unanimidad después de algunos retoques a instancias de la concejala de Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), la nacionalista Charín González, para favorecer que todos comparten lo mismo. El resultado, el compromiso de que se agilizarán los informes de vulnerabilidad que soliciten los afectados que les facilite sortear los desahucios de fondos buitres; y, si fuera necesario, el Gobierno local se compromete a contratar más personal. Todo sea porque desde la gestión municipal se emita el informe que sirve de tabla de salvación ante la autoridad judicial mientras esté el vigor el estado de alarma; en principio expiraba el 9 de mayo y se ampliará unos tres meses más.

El acuerdo, aunque unánime, no viene a satisfacer la demanda real de la portavoz de las diecisiete familias del número 42 de la Subida de El Tablero sobre las que planea el lanzamiento. Así lo dejó claro Elena Casañas, que por unos minutos se convirtió en la concejal 28 desde la tribuna reservada a la participación ciudadana. «Si a mi me echan tengo claro que voy a ocupar otra casa», «no vamos a los servicios sociales por miedo a que nos quiten a nuestros hijos» o «mis hijos no me han preguntado si nos tenemos que ir a vivir a la calle, pero lo saben» fueron algunas de las afirmaciones de la cruda realidad que viven estas familias en el distrito Suroeste y que afecta a otras tantas en la capital.

Solo en Santa Cruz, la concejala del IMAS, Charín González, reconoció que se han tramitado 48 declaraciones de vulnerabilidad, para precisar que hay una falsa creencia sobre que los desahucios están paralizados durante el estado de alarma. «Eso es lo que han dicho, pero hay que realizar los trámites; no están suspendidos por definición», precisó la edil que no ocultó su preocupación por lo que ocurrirá cuando desaparezca el estado de alarma. Hasta la fecha Santa Cruz le ha dado 540 prestaciones de alquiler a otros tantos usuarios lo que, entre enero y abril se traduce en un desembolso de 733.000 euros con cargo a los fondos municipales. También recordó que los servicios municipales cuentan con siete equipos de trabajo dotados de ocho trabajadores sociales y siete administrativos gracias a los refuerzos incorporados hace dos meses.

José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz. María Pisaca

Pero Elena, la concejala 28 de la Subida de El Tablero, había ido más allá en un intervención, cuando recordó la reunión que mantuvo el alcalde con el colectivo de afectados del Suroeste e incidió en que necesitaban un paso más. Agradeció que Bermúdez pida al Gobierno canario que compre el edificio; «necesitamos que eso se haga ya porque los bancos siguen tocando a nuestra puesta, nos están presionando, estamos llenando al límite y... no sabemos hasta cuándo y cómo podemos aguantar más esta presión»·, dijo Elena.

La socialista Patricia Hernández, durante una de sus intervenciones. María Pisaca

Parque municipal de viviendas

La portavoz del PSOE, Patricia Hernández, dijo que no existe una solución mágica, y recordó que el Ayuntamiento puede también comprar las viviendas, para luego centrarse en la necesidad de emitir con la máxima agilidad los informes de vulnerabilidad.

Yaiza Afonso, de Unidas Podemos, elevó la demanda de compromiso, «reforzar personal en el IMAS, agilizar los informes de vulnerabilidad e incrementar el parque público de viviendas».

Matilde Zambudio, portavoz de Ciudadanos. María Pisaca

En la misma línea que Patricia Hernández se mostró Matilde Zambudio, que aprovechó para lamentar la precariedad laboral, casi con un nudo en la garganta tras el testimonio de Elena Casañas.

Parte del equipo de gobierno de Santa Cruz. María Pisaca

Justo cuando iba a someterse a votación la moción con la aportación de Charín González, tomó la palabra Juan José Martínez, concejal de Viviendas Municipales, para intentar añadir sin éxito el compromiso de ampliar el parque municipal de viviendas, que se diluyó en la recta final y quedó en el olvido por la oposición.

El alcalde cerro este punto señalando al Gobierno de Canarias como responsable de la compra del edificio, a quien le reiteró la petición que ya realizó la junta de gobierno, haciendo frente común con los vecinos, y recordando que es su competencia, como ocurrió en la época de Fernando Clavijo al frente del Ejecutivo autonómico cuando resolvió el caso similar de las 358 familias de Añaza.

Calle Barranquillo

Para hacer oír la situación de estrangulamiento que viven los comerciales de la calle Barranquillo, intervinieron tres afectados por unas obras necesarias y que comparte toda la Corporación. Entre reproches entre Lola Espinosa y Dámaso Arteaga sobre los plazos y las fases de los trabajos quedó atrás las ayudas que pidió el PSOE, con una moción «que no hemos escrito nosotros, sino los vecinos». Se quedó en el intento.

Aspecto del salón de plenos de la sesión celebrada el viernes 30 de abril. María Pisaca

Diario de sesiones

Policía. Fin de la cita

La concejala de Seguridad, Evelyn Alonso, informó a su antecesor en el cargo, el socialista Florentino Guzmán, que el expediente que abrió el anterior equipo de gobierno sobre la fiesta que se celebró en la comisaría de Policía no tendrá ningún recorrido porque se ha dejado caducar al ser inviable su tramitación, según el instructor.

Las terrazas exprés

El pleno tuvo cuatro turnos de participación ciudadana: uno sobre desahucios, otro de comerciantes de la calle Barranquillo, otro sobre García Escámez y un cuarto a cargo de una demandante de terraza exprés para su bar, El Molino. La oposición pedía que el decreto que se habilitó del 18 de diciembre al 18 de enero se ampliara o se volviera a reformular. Díaz Guerra, el padre de la idea que luego «copiaron» el resto de los municipios, dijo que se pueden terrazas.

García Escámez

Carmen Porcell, dirigente vecinal de García Escámez, puso voz a la moción de Lola Espinosa, de Unidas Podemos, con una pormenorizada descripción del mal estado de su barrio.

Decretos que no se abren

Después de la Junta Universal de la Sociedad de Desarrollo, «primer asalto» en el pleno. La exalcaldesa denuncia que no pueden fiscalizar los decretos del gobierno local desde hace ocho meses porque no se les abre en el ordenador. Cabello le quita mella: «hablamos para que arreglen el enlace, pero hemos pasado de haber digitalizado 38 en marco a 250 abril». Pero no se ven, reprocha el PSOE.

Festivos como antes

Aunque de trámite, se dio cuenta que el 3 de mayo –día de la Cruz– y el Martes de Carnaval de 2022 –si la pandemia lo permite– volverán a ser festivos.