El municipio de Santa Cruz de Tenerife registra una media de casi cinco desahucios a la semana desde que comenzó el año. Así lo indica la concejala de Atención Social del Ayuntamiento chicharrero, Rosario González (CC), quien asegura que “no es cierto que los desalojos estén paralizados”.

Supuestamente, explica la edil, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia del coronavirus Covid 19, establece en su artículo 1 la suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y lanzamiento arrendaticio en el caso de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional. Pero, añade, “la realidad que vivimos en nuestro municipio no es esa”, pues, a pesar de la citada normativa estatal, “prácticamente cada día este Consistorio tiene que atender a familias que se ven en la calle”.

“La verdad es que para que surta efecto dicho decreto, los afectados deben acreditar de manera fehaciente que van a sufrir un desahucio por una situación sobrevenida por la crisis del Covid-19. Si su situación ya era vulnerable antes de la pandemia, pues no se puede paralizar el desalojo. Muchas familias en Santa Cruz estaban logrando llegar a fin de mes limpiando alguna escalera, haciendo algún cancamito, o realizando horas extras en la restauración, por lo que resulta muy complejo poder certificar mediante documentos que su situación económica es peor ahora”, lamenta la concejala de Atención Social.

Por lo tanto, agrega Rosario González, en la capital “se siguen produciendo desahucios y se siguen emitiendo órdenes de alzamiento”. “En muchas ocasiones, debido a esta falsa creencia de que los desalojos están paralizados, las familias muestran un entendible enfado, pues les han hecho creer que estaba todo suspendido y eso no es así”, manifiesta la edil.

Desde que comenzó el año, y según informa González, los juzgados han solicitado al Ayuntamiento de Santa Cruz 49 informes para desahucios, de los que ya se han realizado 25, y las UTS (Unidades de Trabajo Social) han llevado a cabo 48 intervenciones relativas a desalojos. “Se está produciendo una media de cinco desalojos a la semana. Y en el último mes, marzo, estos se están ejecutando de manera más asidua, por lo que casi cada día atendemos un caso de desahucio en nuestro municipio”, apunta la edil. La responsable de Atención Social en el Consistorio chicharrero ha solicitado más apoyo por parte del resto de administraciones, las cuales, “al parecer, viven alejadas de la realidad”.

Santa Cruz cuenta con una decena de alternativas habitacionales para las personas y familias que se ven en esta situación, “ya que en muchas ocasiones no podemos evitar que se produzca el desahucio”. “Por desgracia, casi de manera diaria nos siguen llegando casos que ya se ven con las órdenes de alzamiento de sus viviendas, por lo que la intervención es más compleja y más urgente”, comenta Rosario González.

Señala que el Ayuntamiento, a través de sus servicios sociales, siempre intenta asesorar a las familias para que “acudan a nosotros antes de verse ante la imposibilidad de poder pagar, ya que también contamos con ayudas económicas para hacer frente a las rentas de alquiler, comunidad y fianza”. “La prevención es fundamental para evitar el desahucio”.

230 ayudas económicas

En lo que va de año, el IMAS (Instituto Municipal de Atención Social) de Santa Cruz ha entregado un total de 230 ayudas económicas de alquiler, por un importe de casi medio millón de euros. El distrito en el que se han concedido más ayudas es el del Centro.

En concreto, además de las prestaciones económicas básicas (PEAS) para evitar la pérdida de la vivienda, el municipio ofrece, en el caso de que finalmente se produzca el desahucio, dos pisos de emergencia con Nuevo Futuro; tres pisos de emergencia con Provivienda; plazas en pensiones-hoteles; un servicio de mediación con el propietario del inmueble; asesoramiento jurídico; coordinación con la Comisión Judicial de Desahucios; coordinación con Viviendas Municipales para obtener pisos de segunda adjudicación, y coordinación con fondos y bancos para la propuesta de aplazamientos o de alquileres sociales. Asimismo, existe el programa de mediación y alquiler con 31 viviendas a través de Provivienda. Sobre este último, la edil adelantó que a finales de año, serán unas 40 casas.