La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que dirige el edil Carlos Tarife, del Partido Popular (PP), ha iniciado un expediente sancionador contra un vecino de la capital por construir una piscina en su casa sin permiso. La multa asciende a 50.000 euros.

En concreto, la vivienda a la que se refiere el citado expediente se encuentra ubicada en la calle Dos Moriscos, en el Distrito Ofra-Costa Sur del municipio chicharrero. En la resolución del Servicio de Disciplina Urbanística, firmada por el concejal responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a la que ha tenido acceso EL DÍA, se ordena al propietario del inmueble, y responsable de la construcción de la piscina, que proceda, en el plazo máximo de un mes, al “restablecimiento de la legalidad urbanística infringida en relación a las obras sin licencias realizadas en la vivienda, consistentes en la ejecución de una piscina exterior situada en la zona del jardín”.

“A los efectos del cumplimiento de la presente orden de restablecimiento, deberá notificar a este Servicio de Disciplina Urbanística el inicio de los trabajos de restablecimiento, con una antelación de 10 días, a fin de proceder al levantamiento de la suspensión de obras y precinto”, se indica al propietario de la vivienda en la citada resolución de la Gerencia.

Asimismo, y además de imponerle una sanción de 50.000 euros por haber construido una piscina sin permiso, la Gerencia de Urbanismo advierte al afectado de que si incumple lo ordenado, en relación al restablecimiento de la legalidad urbanística infringida, “la administración podrá imponer multas coercitivas mensualmente, con una cuantía que oscila entre los 600 y los 3.000 euros”.

También se le avisa de que el Ayuntamiento de Santa Cruz podrá proceder a la ejecución subsidiaria “a costa del interesado”. “Transcurrido el plazo de cumplimiento voluntario derivado de la última multa coercitiva impuesta, la administración actuante (en este caso, la Gerencia de Urbanismo) estará obligada a ejecutar subsidiariamente las correspondientes órdenes”, se dice en la resolución. Pero el coste de las obras tendrá que ser abonado por el afectado.

El propietario de la vivienda tiene un plazo de diez días para aportar “cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime pertinentes”. También se le informa de que “si reconoce su responsabilidad y realiza el pago voluntario, se aplicará una reducción de la sanción del 50%”.

Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se indica que la mayoría de los expedientes por construcciones ilegales se inician a raíz de denuncias vecinales, como ha ocurrido en este caso.