El Gobierno local exige a Emmasa que recupere los 32 millones pagados a Sacyr

Dicho acuerdo de la Junta de Gobierno local también desestima las alegaciones presentadas por Emmasa y por Sacyr a la interpretación del canon aprobado en 2007, y requiere de manera formal a la empresa de aguas a que deje de pagarlo. En este sentido, el Ayuntamiento prohíbe a Emmasa que siga abonando los 2,3 millones de euros anuales que se estaban entregando a Sacyr.

Asimismo, la Junta de Gobierno, presidida por el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, faculta a los servicios jurídicos municipales a iniciar las acciones jurisdiccionales necesarias para cumplir el sentido del acuerdo, aprobado a propuesta del concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, del Partido Popular. El también primer teniente de alcalde ha explicado a EL DÍA que “hemos pedido a los Servicios Jurídicos que informen sobre lo que hay que hacer, y si determinan que tenemos que ir a un juzgado, pues iremos”.

Guillermo Díaz Guerra recuerda que el documento aprobado ayer lunes por la Junta de Gobierno es consecuencia del expediente iniciado en el año 2019 por los servicios técnicos del Ayuntamiento, a raíz de los resultados de una auditoría contratada a finales de 2018 sobre la situación financiera de la Empresa Mixta de Aguas.

“Al no encontrarse soporte documental para el pago de un canon anual de 2,3 millones de euros por parte de Emmasa a la empresa Sacyr, del que hoy se pide la devolución”, el Ayuntamiento inició en 2020 el procedimiento de interpretación del contrato de gestión del ciclo integral del agua en el municipio –firmado en 2006 entre el Consistorio y Sacyr–, que también fue remitido al Consejo Consultivo de Canarias, “el cual informó en el mismo sentido el pasado mes de enero”.

El dictamen elaborado por el Consejo Consultivo de Canarias, a petición del Ayuntamiento capitalino, concluyó que Sacyr había cobrado de “forma indebida” 30 millones de euros por gestionar Emmasa desde 2007.

“El acuerdo de la Junta de Gobierno resuelve pues dicha interpretación del contrato de gestión y considera que el importe abonado en su momento por Sacyr es el precio de adquisición de 212 acciones de la empresa municipal de agua, y en ningún caso existe un derecho frente a Emmasa para recuperar la cantidad de 59 millones de euros abonada como parte del precio”, se establece en el documento aprobado ayer.

Los técnicos municipales interpretan que el contratista tiene derecho a recuperar la inversión mediante las fórmulas expresamente establecidas en el contrato: la participación del 5,5% en la cifra de negocio, el eventual reparto de dividendos o, a la finalización del contrato de gestión, la devolución del valor nominal de las acciones que se le adjudicaron.

La Junta de Gobierno ha requerido de manera formal a Emmasa para que se oponga en lo sucesivo al abono de cantidad alguna a Sacyr derivado del acuerdo de 2007, “puesto en duda por los técnicos municipales, y a que promueva todas las acciones que en derecho procedan para llevar a efecto la interpretación contractual llevada a cabo por este Ayuntamiento, cancelando la deuda indebidamente reconocida con Sacyr y exigiendo la devolución de las cantidades abonadas a esta durante toda la vigencia del contrato”, es decir, unos 32 millones de euros.

Al mismo tiempo, el Gobierno, local en el Ayuntamiento de Santa Cruz, formado por Coalición Canaria, Partido Popular y la edil no adscrita Evelyn Alonso, ha pedido a los Servicios Jurídicos municipales que estudien e informen de todas aquellas acciones que se puedan llevar a cabo en la vía jurisdiccional “para que el acuerdo de interpretación contractual adoptado derive en las consecuencias más ventajosas para la ciudad chicharrera”.