La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó este lunes un acuerdo mediante el que se exige a la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa) que inicie las acciones que procedan para reclamar la devolución del canon "irregularmente abonado a Sacyr, socio mayoritario de Emmasa, desde 2007". Dicho acuerdo de la Junta desestima, además, las alegaciones presentadas por Emmasay Sacyr a la interpretación del canon aprobado en 2007 y requiere de manera formal a la empresa de aguas a que deje de pagarlo, prohibiendo que siga abonando los 2,3 millones de euros anuales que se estaban entregando a Sacyr.
Asimismo, la Junta de Gobierno, presidida por el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, faculta a los servicios jurídicos municipales a iniciar las acciones juridisccionales necesarias para cumplir el sentido del acuerdo, aprobado a propuesta del concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, del PP. En este sentido, Díaz Guerra ha explicado a EL DÍA que "hemos pedido a los Servicios Jurídicos que informen sobre lo que hay que hacer, y si determinan que hay que ir a un juzgado, pues iremos".
El concejal de Servicios Públicos recuerda que el documento aprobado este lunes es consecuencia del expediente iniciado en 2019 por los servicios técnicos del Ayuntamiento, a raíz de los resultados de una auditoría contratada a finales de 2018 sobre la situación financiera de la Empresa Mixta de Aguas. Al no encontrarse soporte documental para el pago del canon por parte de Emmasa a la empresa Sacyr del que "hoy se pide la devolución, el Ayuntamiento inició en 2020 el procedimiento de interpretación del contrato de gestión del ciclo integral del agua en el municipio, que fue remitida al Consejo Consultivo, que informó en el mismo sentido el pasado mes de enero".
"El acuerdo de la Junta de Gobierno resuelve pues dicha interpretación del contrato de gestión y considera que el importe abonado en su momento por Sacyr es el precio de adquisición de 212 acciones de la empresa municipal de agua y en ningún caso existe un derecho frente a Emmasa para recuperar la cantidad de 59 millones abonada como parte del precio", se establece en el acuerdo.
Los técnicos municipales interpretan que el contratista tiene derecho a recuperar la inversión, mediante las fórmulas expresamente establecidas en el contrato: la participación del 5,5% en la cifra de negocio, el eventual reparto de dividendos o, a la finalización del contrato de gestión, la devolución del valor nominal de las acciones que se le adjudicaron.
La Junta de Gobierno ha requerido de manera formal a Emmasa para que se oponga en lo sucesivo al abono de cantidad alguna a Sacyr, derivado del acuerdo de 2007, "puesto en duda por los técnicos municipales, y a que promueva todas las acciones que en derecho procedan para llevar a efecto la interpretación contractual llevada a cabo por este Ayuntamiento, cancelando la deuda indebidamente reconocida con Sacyr y exigiendo la devolución de las cantidades abonadas a esta durante toda la vigencia del contrato".
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento pide a los servicios jurídicos de la Corporación que estudien e informen de todas aquellas acciones que se puedan llevar a cabo en la vía jurisdiccional para que el acuerdo de interpretación contractual adoptado derive en las consecuencias más ventajosas para la ciudad.
