Servicios Públicos prepara un ajuste de los ‘parkings’ de pago

El área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz prepara un ajuste de los precios de los nueve aparcamientos públicos de su propiedad debido a la falta de control existente durante años sobre la subida de tarifas que han aplicado los concesionarios, contraviniendo los pliegos de los contratos de gestión. En este caso, el área considera que “unas tarifas tan altas tienen como consecuencia más directa un efecto disuasorio” que se relaciona con la falta de interés ciudadano en el uso de estacionamientos públicos, al no existir unos precios competitivos.

Así lo adelantó ayer el responsable del área, Guillermo Díaz Guerra (PP), en la comparecencia formulada por el grupo de Unidas Podemos de la mano del edil Ramón Trujillo (UP) para verificar el grado de cumplimiento existente por parte de los concesionarios de aparcamientos públicos.

En este caso, un informe del servicio, iniciado en 2016 y concluido un año más tarde, desvelaba que en los parkings de Weyler, Tomé Cano, Valentín Sanz, Puente Serrador, Puerto Escondido, El Mercado, Avenida de Anaga, El Estadio y Ramón y Cajal habían cometido irregularidades de todo tipo que contravenían los pliegos de concesión, un asunto que en la comisión de ayer provocó el choque entre gobierno y oposición.

Sobre ello, Díaz recordó que fue el anterior edil responsable, Dámaso Arteaga (CC), quien encargó el estudio entregado en 2017 “porque percibía esa falta de control sobre los estacionamientos” y, desde ese momento, empezaron a solicitar medidas correctoras, “las mismas que cuando entró el anterior grupo de gobierno”.

Apuntó en su exposición inicial que desde los gestores de las instalaciones se aclararon la inmensa mayoría de las irregularidades observadas, explicando que la mayoría eran deficiencias en la información remitida por los concesionarios o pendientes relativas al canon, las plazas de rotación, plazas de reserva, número de plazas disponibles, justificantes de pólizas de seguro, amortizaciones de hipoteca o el incremento de tarifas de la concesión sin expediente, entre otras muchas cuestiones. “La inmensa mayoría de las irregularidades están aclaradas o solucionadas, quedando pendientes algunas discrepancias, principalmente sobre el número de plazas o el incremento de tarifas”, explicó a la comisión.

Con este punto de inicio, el proponente, Ramón Trujillo (UP), desgranó las deficiencias en cada una de las instalaciones, dando detalles precisos del “descontrol que ha existido desde el Ayuntamiento en las gestiones” concesionadas. En base a ello, criticó la nula fiscalización existente y recalcó que “las infraestructuras tienen tantas irregularidades que se da al grupo de gobierno una posición de fuerza para mejorar las condiciones, especialmente la cuestión de las tarifas”.

Por su parte, Matilde Zambudio (Cs) afirmó que “los concesionarios han hecho lo que les ha dado la gana por la falta de control”, apuntando que el equipo de Gobierno saliente (PSOE-Cs) “lo tuvo difícil” para trabajar sobre las deficiencias. Destacó que “si hemos esperado a 2017 a tener encima de la mesa ese informe con incumplimientos reiterados ha sido por la falta de control” de CC cuando gobernaba.

José Ángel Martín (PSOE) puso énfasis en los cambios de titularidad que han existido en los parkings, abogando por “rescatar” las concesiones si hiciera falta. Además, pidió que las futuras adjudicaciones se hagan con mucha más fiscalización por parte de la Corporación. Por último, apuntó que “lo que conocemos es la falta de criterio y de rigor en el control de las concesiones de los aparcamientos de la Capital, y eso tiene un responsable: CC”, reiteró.

El exedil de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, defendió su gestión al frente del área en la legislatura pasada, recordando a los presentes que “lo que ha permitido estas discusiones es la existencia de un estudio elaborado por su concejalía en 2017”. Como reflexión final, no sin antes ser bastante ácido con Zambudio, el nacionalista se mostró contento porque “me quedo con que existe el objetivo de todos de poner orden en este asunto, pero cuando habla de irregularidades, el jefe de servicio no ve tantas con los informes en la mano”, recalcó a Ramón Trujillo.

A la hora de cerrar su comparecencia, Guillermo Díaz Guerra se esmeró en acotar las críticas al señalar que “los pliegos no los redactan los partidos políticos, sino los técnicos. Y dudo que ustedes (en referencia al PSOE), que estuvieron entre 2011 y 2015, se metieran en la redacción de pliegos” como compañero de Gobierno de CC en esa época, a lo que añadió con ironía que “las deficiencias de los parkings se detectan desde 2013, y no estábamos aquí ninguno de nosotros... Igual uno sí, creo”, ironizó en clara referencia a Martín.

“Ahora tenemos que mirar el cumplimiento de las medidas correctoras”, dijo el popular para añadir, con posterioridad, que “no descartábamos el rescate de algún aparcamiento en el caso de incumplimiento grave que haga daño a la ciudadanía, si existiera”.

Díaz Guerra reconoció, por último, que “lo que más me preocupa ahora es que, una vez informado por el servicio que no existe una deficiencia grave, lo que queda pendiente es esa revisión tarifaria, porque Santa Cruz tiene un déficit de aparcamientos y, a lo mejor, hay un efecto disuasorio en los parkings por exceso de precio”.