Melchior declara como investigado por cinco delitos de su etapa en el Puerto

Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife y que fuera destacado dirigente de Coalición Canaria, prestó declaración ayer ante la jueza Luz Casañas Cabrera en calidad de imputado por cinco delitos de corrupción. Los hechos por los que se le investiga están relacionados con la gestión de Melchior cuando fue presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia tinerfeña entre octubre de 2015 y julio de 2018. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 5 de Santa de Tenerife lleva el procedimiento, abierto a raíz de una denuncia de la fiscal jefa de la Audiencia Provincial, María Farnés, contra Melchior al hallar indicios de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y falsedad documental.

Según adelantó Mírame TV, la jueza ha ordenado a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional un informe sobre los hechos que aparecen en la denuncia del ministerio público, en un caso que está todavía en las diligencias previas y en el que la magistrada trata de averiguar si hay indicios para procesar a Ricardo Melchior, ya retirado de la política. La Fiscalía ha reunido en un solo caso una serie de denuncias relacionadas con contrataciones de servicios y personal, adjudicaciones a medios de comunicación o el presunto trato de favor a determinadas empresas que operan en los puertos de la provincia tinerfeña en la época en la que Melchio fue presidente de la Autoridad Portuaria.

La mayoría de la documentación que investiga Luz Casañas Cabrera fue aportada por el exdirector de la Autoridad Portuaria José Rafael Díaz, destituido en abril de 2018 tras enfrentarse a Ricardo Melchior, tal y como ha revelado Mírame TV. En el expediente aparecen contrataciones presuntamente irregulares llevadas a cabo por la Autoridad Portuaria y de las que ya advirtió la Intervención del Estado en una auditoría. También aparecen pagos por servicios que supuestamente no se llegaron a prestar o no concuerdan con las cantidades abonadas.

La auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado alertó de irregularidades en diversos expedientes de contratación tramitados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife entre enero de 2016 y julio de 2017, bajo la presidencia del nacionalista Ricardo Melchior. El informe, entre otras deficiencias, observa adjudicaciones menores que incumplen la cuantía límite legal, fraccionamientos, sobrecostes, ausencia de trámites obligatorios y, en relación a la situación laboral de dos informáticos, advierte de una posible “cesión ilegal de trabajadores”.

La declaración de Melchior ayer por la mañana se produjo después de dos aplazamientos, aprobados por la magistrada al alegar el que fuera presidente del Cabildo de Tenerife problemas de salud.