Santa Cruz estudia sancionar a los propietarios de viviendas vacías

La Mesa por la Recuperación de Santa Cruz, creada por el Ayuntamiento hace tres meses y en la que han participado entidades empresariales, sindicales, profesionales y del Tercer Sector, así como grupos políticos y técnicos municipales, ha concluido sus trabajos con la definición de una treintena de propuestas. Estas medidas persiguen la reactivación de la economía de la ciudad, la creación de empleo y la protección social a las familias más vulnerables, con el fin de hacer frente a las consecuencias de la crisis del coronavirus Covid 19.

Entre las propuestas planteadas se encuentran la construcción de pisos en los bajos de los edificios de promoción pública (en los locales comerciales), sobre todo para los colectivos de jóvenes y mayores; la reducción de más tasas e impuestos municipales; la realización de un mapa de viviendas vacías y el estudio de acciones para “sancionar” o “incentivar” a los propietarios de inmuebles vacíos (bancos, dueños particulares y grandes tenedores) para que los alquilen.

Así lo anunció ayer el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez (CC), en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la responsable de Promoción Económica, la edil no adscrita Evelyn Alonso; el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP); el presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé; la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social, Candelaria Delgado, y el secretario general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT en Canarias, Francisco Bautista. Todos coincidieron, por un lado, en destacar la “valentía” del Consistorio con respecto a la creación de esta Mesa por la Recuperación de la ciudad, “pues ha sido el primero de los 88 municipios del Archipiélago en hacerlo”, y, por otro, en reclamar la colaboración del Gobierno canario y del Cabildo, “porque sin la implicación de todas las administraciones, no saldremos adelante”. “No se puede dejar sola a Santa Cruz con sus aportaciones”, agregaron.

Asimismo, alertaron de que “la actual es una crisis sin precedentes”, que está teniendo un “impacto demoledor” en la economía y en los hogares de la población. En el caso concreto de Santa Cruz, y según el diagnóstico realizado por la Mesa por la Recuperación, el año 2020 se cerró con 26.316 personas sin empleo, 4.700 más que en diciembre de 2019, y una tasa de paro próxima al 28%. “Este último dato podría verse agravado en los próximos meses, en función de la incertidumbre sanitaria y su reflejo en forma de recesión económica, si se tiene en cuenta que Santa Cruz lidera la bolsa insular de personas afectadas por expedientes de regulación de empleo (ERTE), que a 30 de noviembre se cifraba en 22.220 trabajadores”, se indica en el diagnóstico.

Pero además, ha apuntado el alcalde, “la situación es aún peor si se tiene en cuenta la aplicación de las restricciones implantadas en Tenerife por parte del Gobierno de Canarias” entre el 18 de diciembre y el 18 de enero, por el incremento de contagios. Y es que, agregó Bermúdez, un estudio encargado por el Consistorio para conocer a priori el impacto económico de dichas restricciones estima la pérdida de más de 1.900 empleos, junto a una merma de 19,8 millones de euros del PIB municipal. Con respecto al cierre de empresas, el Covid se ha llevado por delante a más de 300 negocios en la capital. En la actualidad, hay 6.834 empresas inscritas en la Seguridad Social. En este sentido, el regidor urge al Estado y Gobierno canario a reducir la burocracia y simplificar los trámites administrativos para que “las ayudas lleguen a tiempo”.

Para familias con rentas bajas

Tras diferentes comisiones de trabajo, finalmente la Mesa por la Recuperación de Santa Cruz, “órgano asesor municipal que perdurará en el tiempo”, ha planteado una treintena propuestas, de las que ya la mayoría se están llevando a cabo desde el Consistorio chicharrero. Entre estas se encuentran la creación de tarjetas de compra para las familias con rentas bajas; el incremento de las áreas de regeneración y renovación urbanas para la rehabilitación de viviendas; el impulso a la declaración responsable y silencio administrativo para agilizar los procedimientos, tal y como se hizo con los permisos de las terrazas exprés; la apuesta por la implantación de universidades en el municipio; facilitar el acceso a alquileres a empresas que quieran instalarse en el municipio; la puesta en marcha de un plan de internacionalización de la economía municipal sobre la base del Puerto, el Parque Tecnológico y la Zona Franca; y la promoción de las empresas de inserción como herramienta de acceso al empleo.

También se ha propuesto la instalación de zonas wifi para el acceso de los estudiantes; la creación de ayudas para adquisición de Tecnologías de la Información y Comunicación a familias vulnerables; la puesta en marcha de un bono consumo; la creación de una plataforma digital para el comercio local; y la creación de una bolsa de viviendas privadas, con condiciones beneficiosas para los propietarios y los inquilinos, que sean gestionadas por el Ayuntamiento. Asimismo, el Ayuntamiento solicitará al Gobierno de Canarias que todos los municipios de la Isla tengan el mismo catálogo de prestaciones sociales para sus vecinos y que los convenios de empleo para dar trabajo a los parados tengan continuidad, “para que no solo duren seis meses”.