Sacyr cobra de forma indebida 30 millones de euros por gestionar Emmasa desde 2007

Esta decisión fue adoptada por el equipo de gobierno después de que el pasado lunes 25 de enero el Ayuntamiento remitiera el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias que le fue encargado el 18 de noviembre de 2020, cuatro meses después de la moción de censura que permitió el regreso a la Alcaldía de Bermúdez.

Previamente, la Junta de Gobierno de julio de 2020, presidida por la alcaldesa socialista Patricia Hernández, acordó incoar procedimiento de interpretación del contrato suscrito con Sacyr para la gestión del ciclo integral del agua, encaminado a exigir a la compañía la devolución del canon abonado desde 2007. La reclamación de este canon fue condicionada por el gobierno de Bermúdez a las conclusiones del Dictamen del Consejo Consultivo que se recibió el pasado lunes.

En la rueda de prensa que ofreció ayer, el alcalde hizo suyas las conclusiones del dictamen, que advierten que Sacyr ha cobrado desde 2007 un canon indebido de 2,3 millones al año por la gestión de Emmasa, lo que asciende a casi treinta millones de euros.

Bermúdez compareció junto al concejal de Servicios Públicos, el popular Guillermo Díaz Guerra, así como junto al director general del servicio administrativo del área, Juan Domingo Cabrera, a quienes felicitaron por un trabajo minucioso e intenso que concluye un expediente iniciado en 2018”, en el que el órgano consultivo estima “todos los planteamientos que se habían barajado por parte del servicio”, y que concluye que “el abono anual que se venía haciendo desde Emmasa a Sacyr por el uso de la red pública de abastecimiento y saneamiento no está sustentado en ningún documento contractual”.

“Conviene insistir –abunda el alcalde– en que el dictamen del Consultivo, que aunque es preceptivo no es vinculante, lo hacemos propio por parte de este equipo de gobierno y ya se han dado las instrucciones para que, de manera definitiva, no se abone cantidad alguna y se proceda a la devolución desde la empresa Sacyr a Emmasa de las cantidades pagadas”. El propio Bermúdez precisó que ya se había dejado de pagar el canon de forma cautelar por el anterior gobierno municipal, una decisión que ahora se ratifica.

Primer indicio en 2016-17

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos recordó que la privatización de Emmasa se realizó en 2005 y en 2007 se hizo una modificación en los estatutos en los que se fija el canon de 2,3 millones al año. Díaz Guerra precisó que “es el equipo de servicio administrativo quien le encarga a una auditora externa que revisara las cuentas de Emmasa, precisamente en el año 2018, detectándose que existe un asiento contable por el que se abonaban 2,3 millones que no se correspondían con contrato ni acuerdo plenario alguno”, y añade que “en ese momento, al no satisfacer las explicaciones de la empresa, se decide de manera cautelar dejar de abonar esa cantidad y se inicia el expediente que culminó con el dictamen de ayer”.

La incorporación de nuevo personal al frente del servicio administrativo de Servicios Públicos entre 2016 y 2017 propició que los funcionarios revisaran el contrato con Sacyr, como precisó ayer el director general del servicio.

En 2018, el Ayuntamiento, a raíz del pago anual por parte de Emmasa a Sacyr de una cantidad anual en concepto de canon demanial por el uso de la red pública de saneamiento y con ocasión de la revisión del informe de prestación del servicio, solicita un estudio de una empresa auditora, cuyas conclusiones fueron emitidas en febrero de 2019, y que alertaban de la existencia de un crédito a favor de Sacyr que repercutía de forma negativa en la cuenta de pérdidas y ganancias, en su resultado y en tesorería.

A raíz de la citada auditoría encargada por el Ayuntamiento sobre las cuentas de Emmasa, desde el Consistorio, en marzo de 2019, se solicitó a la empresa de aguas que justificara el soporte documental de la deuda, objetivo similar al de un informe, ya en mayo de 2020, que reiteró que no existe documento alguno que sostenga esta tesis, y que el reconocimiento por parte de Emmasa de una deuda en favor de Sacyr por dicho importe fue tomada “de manera unilateral” y sin sustento contractual, según la explicación facilitada ayer por el alcalde y el concejal de Servicios Públicos.

Los últimos pasos dados en este sentido por parte del Ayuntamiento tienen que ver con acuerdos de julio de 2020, adoptados por la junta de gobierno que presidió la entonces alcaldesa socialista Patricia Hernández, en la que se acordó iniciar el procedimiento de interpretación del contrato, procedimiento al que Emmasa y Sacyr aportaron sus alegaciones, que fueron desestimadas en septiembre, así como la remisión al Consejo Consultivo de dicho expediente, el 24 de septiembre, cuya respuesta llegó el pasado lunes al Consistorio capitalino.

El alcalde insistió en que en 2016 y 2017, con CC y PP al frente del gobierno municipal, se inició el camino para investigar la naturaleza del canon: “Fue en mayo de 2020 cuando por primera vez un funcionario firma un informe sobre estas irregularidades”.