Un voraz incendio acabó con el interior de la vivienda de Añaza en la que residían hasta el 21 de octubre pasado los padres de Tamara Rodríguez, sus tres hermanos, la pareja de uno de ellos y tres pequeños más, hijos de la compañera de su hermano. En una posterior visita que realizó el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, la propia Tamara casi le mendigaba ayuda o la mediación del regidor para sacar a su familia adelante. Su padre nunca ha trabajado con contrato estable y no percibe ingresos. Su madre, con problemas de salud, recibe una pensión no contributiva, que es el único ingreso que permite sacar adelante a esta unidad familiar de diez personas que vive en Añaza. Junto a Tamara, sus tres hermanos, uno de ellos con pareja, con la que tiene tres niños.

Aprovechando la visita de barrio que realizó el 17 de noviembre Bermúdez a Añaza, el alcalde se interesó por el caso. Allí, en la avenida, lo esperaba Tamara, alguno de sus hermanos y otro familiar. Juntos subieron hasta el piso que habitaban hasta el día del incendio. Desde entonces, le explicó Tamara, la única ayuda que habían recibido era la invitación del Ayuntamiento a acogerse en el albergue municipal o intentar alguna pensión. Pero no eran las condiciones para el realojo de su familia, pensó Tamara, y declinaron la invitación para decantarse por la invitación que le trasladó una vecina a irse a vivir hasta que concluyera la rehabilitación de la casa. De aquella visita, lo único que quedó claro es que el inmueble es de titularidad del Gobierno de Canarias –porque pertenece al parque autonómico de viviendas– y Bermúdez le garantizó a Tamara y su familia que llamaría personalmente al consejero de Viviendas del Ejecutivo Autonómico para interesarse por el caso y pedir que lo impulsara, dada la precariedad de la unidad familiar.

En la visita realizada por el consejo de Viviendas, el socialista Sebastián Franquis, a la nueva promoción pública de El Tablero reconoció haber hablado del caso con el regidor. El 16 de diciembre, Franquis, en compañía de la directora general del Instituto Canario de la Vivienda, María Isabel Santana, confirmó que ese mismo día se había enviado a un técnico para valorar el estado en el que se encontraba el interior del inmueble.

Un laberinto administrativo

La implicación en el caso tanto del alcalde como del consejero de Viviendas y de la directora del Instituto Canario de la Vivienda hizo posible impulsar la reforma completa del piso que quedó totalmente destruido, si bien también precisaba la implicación de la propia familia y hasta de la comunidad del edificio.

Los dueños del piso, dada la maltrecha situación económica, habían dejado de pagar el alquiler y hasta el seguro del piso precisamente unos meses antes. No obstante, la familia de Tamara tuvo la suerte de que el seguro contratado por la comunidad del edificio, con la compañía Ocaso, permitía dar cobertura a la casa por las características en las que fue contratada la póliza.

Era cuestión, entonces, de encontrar los papeles del seguro y hacérselos llegar, un trámite que se dilató por la situación del Covid y los problemas para localizar a la persona que los tenía en su propiedad. Entonces, había que aclarar si la obra de reforma integral del piso la ejecutaba el Instituto Canario de la Vivienda o la comunidad de vecinos, con la política del seguro. El objetivo final era devolver cuanto antes a la casa las ansiadas condiciones de habitabilidad.

Tamara se mostraba agradecida a la vecina que le había ofrecido su casa, donde desde el día del incendio han estado acogidos, pero también reconocía que eran muchos miembros y la rehabilitación de su vivienda no se podía dilatar.

Para agilizar la entrega de los papeles del seguro al Instituto Canario de la Vivienda también intervino el concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero, quien, a su vez, medió con la familia para intentar restituir a la normalidad la deuda por impagos de alquiler que acumulaba la familia. En paralelo, la comunidad y el Instituto Canario de la Vivienda acordaron que la Administración pública encargara los trabajos de mejor, mientras Tamara asumió las gestiones para afrontar el pago de parte de la deuda por alquileres. Al tiempo, desde el Instituto Canario de la Vivienda, su directora, María Isabel Santana, recordaba que este departamento articula ayudas para familias que no tienen recursos.

El mismo día de la Lotería Nacional de Navidad, Tamara remitía a este periódico un Whatsapp: “Me ha tocado la lotería”. Operarios de la empresa Falisa, S.L., contratada por el Instituto Canario de la Vivienda, acometían el desescombro exterior, se reponía la luz en la zona común y se activaba el ascensor que había quedado fuera de servicio. Era la antesala de lo que está por llegar. En la actualidad ya se ha limpiado toda la vivienda y ahora se trabaja en habilitar la canalización para la luz, unos trabajos que costarán unos 30.000 euros y que en tres meses devolverán el hogar a la familia de Tamara.