La asociación vecinal El Perenquén, que representa a residentes de la zona centro de la capital tinerfeña, asegura que solicitarán la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que dictaminó días atrás la nulidad de la ordenanza de circulación y movilidad que promovió en el mandato anterior la entonces concejala popular Zaida González, en el gobierno formado por CC y PP.

El TSJC anuló la ordenanza por defectos en la tramitación, además de condenar en costas al Ayuntamiento de Santa Cruz. Esta normativa fue tramitada al final del mandato anterior y motivó que el colectivo vecinal El Perenquén acudiera a los tribunales por “considerarla perjudicial para los habitantes del centro de la ciudad, al punto de que presentaron alegaciones y advirtieron con claridad de que llevarían el asunto a los tribunales si continuaba su tramitación”. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo anuló la ordenanza al detectar la ausencia del dictamen de la Comisión Informativa previa al pleno, una omisión sobre la que no se pronunció el Ayuntamiento en su defensa jurídica pese a que para el TSJC era evidente que tal informe no consta en el expediente. En este sentido, la concejala de Seguridad Ciudadana en el momento de la tramitación, Zaida González, aseguró que se había celebrado la correspondiente comisión informativa, por la que “incluso cobraron sus correspondientes dietas los miembros de la oposición”, pero desconocía si el nuevo equipo de gobierno, liderado entonces con la socialista Patricia Hernández, habría aportado la documentación de la referida comisión.

Mientras el TSJC concluye que “la norma se encuentra incursa en vicio de nulidad absoluta”, el colectivo El Perenquén reitera que, como advirtió, la ordenanza carece de un estudio de movilidad para que además contenga un plan de evacuación del dentro de la ciudad, y reclaman que se cumpla la Ley de Accesibilidad. También solicitan los aparcamientos (al menos tres áreas para este fin) “a los que tienen derecho los residentes en el centro y revisar el sistema de acceso a los residentes y proveedores de la zona.

El actual gobierno ya anunció ayer que trabaja en la redacción de una nueva normativa de circulación y seguridad que dejará en el olvido la anulada por el TSJC.