El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, dictó ayer un decreto para investigar si el anterior concejal de Fiestas, el socialista Andrés Martín Casanova –responsable de la organización del pasado Carnaval en el gobierno que dirigió Patricia Hernández–, incurrió en posibles irregularidades en la contratación de los escenarios y la infraestructura para la celebración de las actuaciones, bailes y desfiles en las calles de la capital tinerfeña.
El regidor municipal ordena este expediente de información reservada después de que la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife requiriera el pasado 23 de octubre copia testimoniada e íntegra tanto del expediente de contratación de todas las infraestructuras a instalar en las calles del cuadrilátero como “la totalidad de expedientes relativos a la adjudicación de la prestación del servicio de instalación de estructuras metálicas” con motivo de la celebración del pasado Carnaval. En total, el importe de los contratos objeto de investigación asciende a más de 1,3 millones de euros: 548.645,06 corresponden a cada una de las dos anualidades del expediente matriz –años 2020 y 2021–, a lo que se suman los contratos menores.
Cronología de los hechos
El 30 de octubre se publica en la Plataforma del Estado el pliego del concurso público para adjudicar la infraestructura para garantizar la celebración de los actos del Carnaval chicharrero en la calle, tales como escenarios, vallados, torres de control, pasarelas...
El 18 de diciembre se convoca la primera reunión de la mesa de contratación y se procede a la apertura de los primeros sobres, descartándose la empresa Bailando Producciones por no reunir los requisitos establecidos y continúan en liza Alkur, MasQueCarpas y Benelux.
La segunda reunión se celebra el 9 de enero para requerir a las empresas que subsanen anomalías y ahí la empresa Benelux presenta un recurso de alzada.
En la tercera y última mesa de contratación, que tuvo lugar el 11 de febrero, se desestima el recurso de alzada y se adjudica de forma definitiva el servicio a MasQueCarpas, pero Benelux presenta un recurso especial de contratación ante un tribunal que depende del Gobierno de Canarias. Ante la imposibilidad de sacar adelante el concurso –la resolución del tribunal del Gobierno canario llegó en el mes de mayo, con el Carnaval acabado–, el entonces concejal de Fiestas decide dividir el expediente para la contratación de las infraestructuras necesarias y sacar catorce contratos menores para garantizar que las actuaciones se celebren en la vía pública.
Este proceder fue denunciado por Luciano Delgado, empresario del espectáculo y durante casi treinta años asesor o director técnico de Fiestas, cercano a la empresa que presentó el recurso de alzada y luego el recurso especial de contratación ante el tribunal del Gobierno de Canarias, lo que el concejal socialista considera un gesto de mala fe, movido más en su empeño para evitar la celebración de los actos en la calle, si bien se trata de una figura que se regula en este tipo de concursos para velar por el cumplimiento de la legalidad cuando uno de los concursantes discrepe de la resolución de la adjudicación.
Casanova explica que optó por catorce contratos menores para garantizar la celebración de los actos y evitar posibles altercados, además de precisar que se limitó a seguir el criterio técnico tanto de la Secretaría del Ayuntamiento como de la asesoría jurídica de la Corporación y del propio Organismo Autónomo de Fiestas.
Ayer, fuentes de la Secretaría hicieron constar que los contratos menores, como los catorce que realizó Casanova, “no requieren informe de intervención ni de asesoría jurídica”, por lo que se desmarcan de los argumentos del anterior concejal de Fiestas y precisan que, a pesar de no ser pertinentes, también estos expedientes son sometidos a su fiscalización previa a la contratación realizada.
Ya concluido el Carnaval, e incluso después de la moción de censura que desbancó a Patricia Hernández de la Alcaldía de Santa Cruz, y por tanto a Andrés Martín Casanova del área de Fiestas, el empresario del espectáculo trasladó a la Fiscalía Provincial el 16 de octubre los catorce contratos menores que realizó el socialista para sacar la fiesta a la calle, expedientes que requirió el 23 de octubre pasado y que le remitió la organización del Carnaval, ahora en manos de Alfonso Cabello, el pasado 18 de noviembre.
Al margen de la investigación de la Fiscalía, el alcalde decretó ayer el expediente de información reservada para analizar si Casanova incurrió en irregularidades en la contratación pública para la pasada edición de la fiesta.
En el decreto, Bermúdez ordena incoar expediente para determinar “la posible existencia de irregularidades, así como proponer, si así se estima, la adopción de las medidas pertinentes”. En segundo lugar pide a la concejala de Recursos Humanos que designe un instructor, para concluir el decreto con la correspondiente comunicación de la apertura de la investigación al área de Fiestas.
El alcalde de la capital tinerfeña dictó ayer un decreto para esclarecer si existieron irregularidades en la contratación de infraestructuras para el Carnaval en la calle 2020.
