Al menos cuatrocientos edificios de la capital tinerfeña abonan en la actualidad a Emmasa –compañía que gestiona el agua en Santa Cruz de Tenerife– un canon anual de 1.675 euros por el contador contraincendios, pago que reclama la empresa Sacyr-Vallehermoso desde que se hizo con la mayoría del accionariado, en 2011. El asunto de los contadores contraincendios y la calidad del agua fueron objeto de estudio en la reunión que celebraron esta semana el concejal de Servicios Públicos, el popular Guillermo Díaz Guerra, y Juan José Setién, del Colegio de Administradores de Fincas.

El también primer teniente de alcalde recordó que el cobro de esta tasa se hizo efectiva coincidiendo con el proceso de privatización de Emmasa, después de que la empresa del servicio advirtiera en el pliego que podría reclamar la tasa ya que de forma expresa no se incluye como prestación sin coste alguno para los vecinos. En la reunión del jueves, los administradores de fincas al vuelto a insistir en la búsqueda de una solución al “cobro desproporcionado por los contadores contraincendios” coincidiendo con la situación de crisis social y económica actual, según explicó Juan José Setién, miembro de la subcomisión del colegio para realizar el seguimiento a la calidad del agua y los contadores, junto a su compañero Antonio Guadalupe. Desde este colegio, se reitera que “el Ayuntamiento debe sensibilizarse para defender los intereses de los ciudadanos y evitar esta injusticia para no aplicar el canon por un servicio que no se cobraba cuando el servicio era de titularidad pública”, incidiendo en que “no existía contraprestación alguna por un servicio que no se realiza”.

Según los datos de los administradores de fincas, las comunidades de vecinos con contadores contraincendios en sus edificios abonan, desde 2011, un pago anual de 1.675, desembolso que realizan de forma bimensual a Emmasa (279,32 euros).

Además de considerar que esta prestación era gratuita durante el tiempo que Emmasa estaba en manos pública, los administradores de fincan aseguran que el canon es abusivo, pues multiplica por tres el coste del mismo servicio que se presta en la Península y por cuatro, en Canarias. Es más, “prácticamente todos los municipios no cobran por estos contadores y, los que lo hacen, tienen un tratamiento diferencia especial en las tarifas, reduciendo el precio al artilugio de 13 milímetros –de uso doméstico– en vez del coste que reclama la compañía por los 50 milímetros que tiene el sistema de contraincendios. Se da el caso de empresas de gestión del ciclo del agua que a las comunidades de vecinos fijan una reducción del pago de la tarifa del 55%.

Las obras para el cambio de tarifa cuestan hasta 30.000 euros en inmuebles que tienen espacios

El concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz hizo suyo los datos aportados por la gerente de Emmasa, Paula Soriano, presente en la reunión con los administradores de fincas. Desde la empresa que gestiona Sacyr Vallehermoso se garantiza que en Santa Cruz había 650 edificios o comunidades de vecinos afectadas por la tasa del pago del contador contraincendios y a unos 250 ya se les ha ofrecido o se ha tramitado el cambio de diámetro, de 50 milímetros a 13, lo que supone un importante descenso en el coste del servicio. Esta posibilidad parece remota para la mayoría de las edificaciones, estiman los administradores, porque “no hay espacio en la mayoría de los inmuebles para construir el citado depósito y el coste es muy elevado”, que podría ascender a 30.000 euros, precisan.

Díaz Guerra recuerda que es condición fundamental para realizar el cambio que los edificios presenten un proyecto de un ingeniero que garantice que el inmueble cuenta con un aljibe con capacidad de llenado en 36 horas. En la actualidad, restan otros 400 edificios que mantienen el pago del cano a 279,32 euros cada dos meses.

Frente a los cuatrocientos inmuebles a los que se refiere Emmasa, que están aún con el sistema de 55 milímetros, los administradores de fincas aseguran que ellos tienen comunidades con contadores con una numeración de dos mil, por lo que advierten que el número de afectados puede ser mayor, a diferencia de los datos que aporta la compañía. De ahí que lleguen a asegura que la compañía Emmasa logra unos ingresos no previstos adicionales de entre 2,5 y 3 millones anuales por el cobro de los contadores.

40 camiones de bomberos

“Con el importe que cobra Emmasa en solo un año por estos contadores en Santa Cruz se podría adquirir hasta 40 camiones de bomberos”, calculan los administradores de fincas. Esa cantidad es el resultado de multiplicar la tasa anual –1.675 euros– por los más de dos mil edificios que según con administradores de fincas se encontraría en esta situación, dato que niega Emmasa y limita a cuatrocientos.

Los administradores de fincas asegura que “la instalación de este contador es un requerimiento impuesto solo por la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz y la compañía Emmasa. Además de cuestionar que la propia empresa que gestiona el servicio no cumple con la presión y el caudal necesario, “los bomberos nunca utilizan dichas instalaciones”, al margen de que en las comunidades “no hay personas formadas para actuar en caso de incendio al no tener conocimiento ni experiencia en dichas tareas”.

Los administradores ahondan en los gastos. Junto a la tarifa de los 1.675 euros del contador, en caso de una eventualidad, el Consorcio de Bomberos de Tenerife cobra por sus servicios. Y aportan un ejemplo: un incendio que precisa una intervención de cuatro horas, con los correspondientes desplazamientos a un cálculo de cuatro kilómetros que precise movilizar un vehículo pesado, otro especial, dos bomberos, dos cabos, dos sargentos y un oficial supone un desembolso de 1.591 euros; eso, más el canon del contador en caso de que se registre incidencia.

El concejal de Servicios Públicos se mostró conciliador y destacó la importancia de la creación de una comisión de seguimiento entre Emmasa y los administradores de fincas para seguir la evolución tanto de los contadores como para realizar un control a la calidad del agua, otro de los asuntos que más preocupa a los vecinos.

Los administradores recuerda que se han planteado unos 300 procedimientos judiciales a la vez que se está realizando una recogida de firmas para exigir al ayuntamiento que retire de la tasa.