Diez y media de la mañana. Ajeno a lo que ocurre en la calle Juan de Valdés, en el barrio de Chamberí, discurre el tráfico por la autopista del Norte, por donde circulan centenares –miles– de conductores que se ajustan a la nueva normalidad. Para unos, un motivo de satisfacción; para Oneida Rojano, un lastre, pues la autoridad judicial ha activado el lanzamiento que ella había logrado parar en otras tres oportunidades. En este caso, a la cuarta fue la vencida.

Oneida es hija de emigrantes canarios que en 1957 emprendieron la búsqueda de un porvenir próspero en Venezuela; su padre, nacido, criado y ensolerado en Las Ramblas; su madre, en la calle Princesa Dácil de Salud Bajo. En octubre de 1994 Oneida regresó a Tenerife. Técnico medio de sistemas operativos, había trabajado en la fundición de su padre, en la Octava Isla, y cuando se estableció en la capital tinerfeña desarrolló su labor como auxiliar administrativo, con diferentes responsabilidades, en una empresa especializada en la instalación de techos de naves industriales. Pero llegó la crisis económica en 2007. “Yo me pensaba jubilar allí”, comenta Oneida, agradecida del trabajo que desarrolló en una empresa que era propiedad de unos familiares suyos. Ante este revés, se creció, e hizo valer su condición de jefa de comprar en la empresa de su padre, en Venezuela, para trabajar en Tenerife como responsable de facturación en una empresa, al frente de un almacén de comidas de una multinacional afincada en la Isla y luego en la plantilla de una empresa de instalaciones telemáticas.

A partir de ahí se quedó parada e intentó rehacer su vida profesional animada por unas amigas que le insistieron en que acudiera a una feria que se celebraba en Madrid para hacerse con algunas representaciones que le permitieran desarrollar su actividad profesional en Tenerife. Por lo que pasó de trabajar por cuenta ajena a entrar en el mundo laboral del autónomo. “Tenía que escoger entre pagar el alquiler y la gasolina y comer”, por lo que después de un año desistió en su empeño.

De los 26 años que lleva en Tenerife, precisa que acumula 18 de cotización. “Además, estoy estudiando y haciendo cursos para activarme laboralmente; no quiero estar dependiendo de ayudas para vivir. Pero ahora la experiencia no es un plus, sino que va en contra”, afirma Oneida.

Oneida Rojano, víctima del primer desahucio de la ‘nueva normalidad’

Víctima de la crisis

En paralelo a su vida laboral, y a pesar de pagar con gran esfuerzo el alquiler de su vivienda, donde residía desde 2015 hasta ayer, Oneida Rojano se ve envuelta en un problema judicial por el problema de un tercero. Su vivienda, junto a otras dos de la calle Juan de Valdés, son –mejor, eran– propiedad de una empresa constructora que, por un mal negocio, hipotecó esos pisos para continuar con la actividad y no pudo hacer frente con los pagos de la entidad financiera. Esto motivó que el banco denunciara al constructor para reclamarle el dinero prestado y ejecutó los avales de la hipoteca.

Entre las propiedades que el constructor y casero había presentado al banco como garantía estaban los tres pisos de Chamberí; uno de ellos ocupado por Oneida. Según su versión, una vez el banco se hizo con la titularidad de los referidos inmuebles se dirigió a los inquilinos para que presentaran el contrato de alquiler. “Fuimos a la entidad y mostramos los recibos que acreditaban el pago de la mensualidad así como los recibos que avalaban que el agua y la luz estaban a nuestro nombre, pero estos contratos fueron insuficientes para el banco porque se trataba de un contrato entre terceros que no se hizo público”.

Los servicios jurídicos del banco, ya convertido en titular de los tres pisos, iniciaron un pleito contra los tres inquilinos para reclamarles sus pisos. “Tanto la señora como un joven que residían en sus viviendas se marcharon, pero nosotros seguimos luchando”, cuenta Oneida. La batalla judicial se remonta a comienzos de junio del año pasado. Es la fecha del primer intento de desahucio que consiguieron aplazar para ganar tiempo. El 11 de septiembre siguiente se repitió la situación, y de nuevo lograron aplazar el lanzamiento con el reconocimiento de que estaba en una situación de vulnerabilidad. Durante este tiempo se decretó el estado de alarma por la Covid-19 y los plazos se ampliaron, hasta que el proceso se reactivó el 23 de junio, cuando se fijó como punto final la entrega de la vivienda para ayer, lunes 16 de noviembre, a las 11:20 horas.

La comisión judicial que acudió ayer a la calle Juan de Valdés ya se conocía el camino porque había realizado el lanzamiento de los otros dos inquilinos y también había acudido a la casa de Oneida en dos oportunidades anteriores.

Se trata del primer desahucio que se realiza tras la Covid-19, aunque un miembro de la comisión judicial que se trasladó a ejecutar el lanzamiento –en realidad la toma del inmueble– precisó que no es un nuevo desahucio, sino que se ejecuta un trámite que viene desde hace ya tiempo; varios años llegó a asegurar.

Oneida Rojano, víctima del primer desahucio de la ‘nueva normalidad’

Albergue y centro de menores

Oneida lamenta la solución que le aportó el IMAS de Santa Cruz de Tenerife como alternativa al desahucio. “Yo le dije que podría irme a vivir con un familiar hasta que encuentre una casa, pero conmigo vive mi hermano, desde marzo del año pasado, así como su mujer y su hija”. La solución que el Ayuntamiento dio para la pareja es que se fueran al albergue, y para su niña de 6 años, un centro de acogida de menores.

Dicha alternativa ha sido desterrada por Oneida y su familia, que han encontrado la ayuda de una prima, que les ha brindado una casa para subsistir hasta que encuentren un piso: “yo ocuparé una habitación y mi hermano, su pareja y su hija, otra”.

Esta familia ha vivido tres días de mudanza. “Aquí tenía montada toda mi casa y en 72 horas he tenido que desmontarla. Alquilamos un furgón y hemos almacenado los muebles en la casa de un familiar en los altos de Güímar”. Ayer, la misma comisión judicial también le permitió a Oneida que pueda entrar un día a retirar las últimas pertenencias que no tenían ni espacio ni fuerzas para llevarse: las camas de la niña y de Oneida.

Alquilar, un problema vital

La afectada por el lanzamiento de ayer –nieta de Manuel Rojano, fundidor de las esculturas de los guardianes que custodian la plaza de España– asegura que entre ella y su hermano han reunido un dinero para alquilar un piso, con una aportación que les ha comprometido el ayuntamiento, y también han conseguido un aval. ¿Cuál es entonces el problema? Al no trabajar, carecen de una nómina, condición que imponen los caseros para alquilar una vivienda.

“Tengo 54 años y ya con esta edad es muy complicado conseguir un puesto de trabajo, pero estoy preparada y tengo experiencia. Además, también he hecho cursos de reciclaje de formación profesional, el último de 810 horas, tanto en gestión administrativa e informática como de inglés”, cuenta Oneida. Hoy su hijo, de 24 años, tiene una entrevista de trabajo para irse a Holanda. “Solo necesito una oportunidad”.