La concejala de Santa Cruz de Tenerife Evelyn Alonso, que fue expulsada de Ciudadanos (Cs) por apoyar la moción de censura con la que el nacionalista José Manuel Bermúdez desalojó de la Alcaldía a la socialista Patricia Hernández, no podrá ostentar cargos en entidades públicas o privadas dependientes del Ayuntamiento, aunque sí mantiene todos sus derechos como representante local. Así se establece en el informe del Secretario del Pleno derivado de la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre un caso de transfuguismo en Valencia, y que fue solicitado por el propio alcalde chicharrero y por el grupo municipal socialista. Nada más conocerse ayer el contenido del citado informe, la edil Evelyn Alonso renunció a sus cargos en la Sociedad de Desarrollo y en el Parque Marítimo, ambas entidades de la Corporación local capitalina.
Sobre la gestión de las áreas, el informe establece que procede su depuración jurídica
En relación a los cargos ostentados por la concejala Evelyn Alonso por delegación del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, es decir, los relacionados con la gestión de las áreas municipales de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Accesibilidad, Promoción Económica, Turismo y Comercio, el Secretario del Pleno indica en su informe que procede su “depuración jurídica” y, por tanto, debe iniciarse un trámite, “previa declaración de lesividad por el pleno del Ayuntamiento y su posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa”.
El nacionalista José Manuel Bermúdez ha anunciado que, “de manera inmediata”, ha dado instrucciones para que se inicien los procedimientos que de este informe del Secretario del Pleno pudieran derivarse. Asimismo, y según apuntan fuentes municipales, ya se está trabajando en el posible reparto de los cargos entre otros ediles del grupo de Gobierno (formado por Coalición Canaria, Partido Popular y la edil Evelyn Alonso) de la Corporación local.
Desde el Ayuntamiento se explica que aunque no ha habido cambios en la normativa legal aplicable con respecto a los ediles no adscritos, pues la sentencia sólo produce efectos entre las partes afectadas por la misma, el Secretario del Pleno motiva su informe en la fijación por parte del Tribunal Supremo de un nuevo criterio interpretativo de un apartado de la ley de Bases de Régimen Local, que hace referencia a los concejales no adscritos.
Eso sí, el informe le reconoce a Alonso todos sus derechos inherentes a su condición de representante local, que se concretan “en la participación en plenos con voz y voto, ejercer funciones de control, presentar preguntas, mociones y enmiendas, siendo éstos, que le corresponden individualmente, nunca superiores a los que le hubiese correspondido de permanecer en el grupo de procedencia”.
Este criterio afecta, a juicio del Secretario del Pleno, a los cargos como ser designada teniente de alcalde o estar integrada en la Junta de Gobierno Local. Asimismo, y para el resto de cargos ostentados por delegación, “al ser éstos consecuencia de actos anulables y lesivos para los intereses generales, procede su depuración jurídica con arreglo a lo que establece el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de abril, de Procedimiento Administrativo Común”.
Tras conocerse el informe, la edil Evelyn Alonso presentó ayer de manera inmediata su renuncia formal a su condición de consejera en la Sociedad de Desarrollo y en la Sociedad Parque Marítimo Santa Cruz, ambas entidades públicas del Ayuntamiento de la capital. Dicha renuncia tendrá validez a partir de hoy sábado. Alonso ha manifestado que acatará, “como no podía ser de otra manera”, aquellas decisiones derivadas de resoluciones judiciales, y ha celebrado que el informe “incluya de manera clara que mis derechos como concejala siguen intactos”.
Apoyo al grupo de Gobierno
En este sentido, la edil Alonso ha destacado que, precisamente, estos derechos reconocidos le permitirán continuar “apoyando al actual grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz”. La concejala ha manifestado en varias ocasiones que no dimitirá y que mantendrá su acta. Asimismo, ha aprovechado para recordar que “sigue pendiente la resolución judicial respecto a mi situación en el partido con el que concurrí a las elecciones”, Cs.
Los primeros informes municipales respecto a la situación de la Alonso en el Consistorio, tras ser expulsada de Cs, le permitían ostentar cargos en entidades públicas y privadas de la Corporación local, así como gestionar diferentes áreas. Lo que no podía era cobrar un sueldo como edil del grupo de Gobierno, aunque sí las dietas por la asistencia a plenos y juntas. Sin embargo, los partidos de la oposición, PSOE, Cs y UP, reclamaron en varias ocasiones que esta dejara de ostentar cargos. El PSOE solicitó incluso un informe. Tras conocerse la sentencia del TS en relación a un caso de transfuguismo en Valencia, en la que se estableció que los ediles no adscritos no podían tener cargos, el Secretario del Pleno, a petición del alcalde y también de los socialistas, elaboró un informe, dado a conocer ayer, con el que finalmente concluye que Alonso, a raíz de la nueva interpretación del Supremo, debe dejar sus cargos en las entidades municipales. La oposición pregunta qué consecuencias tendrá ahora el informe para los actos y contratos firmados por la edil.
