La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado un plazo de 24 horas al Instituto Canario de la Vivienda, perteneciente al Gobierno de Canarias, para que adopte medidas de seguridad en el edificio de Añaza que sufrió un incendio el pasado 21 de octubre. Entre dichas medidas se encuentra "efectuar una estricta vigilancia de la estructura del inmueble en cuanto a posibles grietas o movimientos que se puedan producir tras el completo enfriamiento de la estructura". En la resolución de la Gerencia Municipal Urbanismo, a la que ha tenido acceso EL DÍA, se indica que existen "razones de urgencia fundamentada en situaciones de riesgo inminente".

En concreto, el incendio se produjo el 21 de octubre en la parcela I-16 de la Rambla de Añaza, en una vivienda situada en la última planta del bloque del portal 6. El edificio tiene una antigüedad de unos 27 años y se trata de pisos de protección oficial, que aparecen catastralmente a nombre del Instituto Canario de la Vivienda. En el informe realizado por los técnicos de Urbanismo, tras realizar la visita al piso que se quemó, se indica que este se encontraba calcinado casi por completo y sin condiciones de habitabilidad.

Además de realizar una "estricta vigilancia de la estructura del inmueble", la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, que dirige el concejal del Partido Popular (PP) Carlos Tarife, también ha ordenado al Gobierno de Canarias a proceder a la limpieza y desescombro del interior de la vivienda, "con la correspondiente gestión reglamentaria de residuos, previa desconexión de los suministros, y siempre a cargo de personal especializado".

Asimismo, el Ayuntamiento urge al Instituto Canario de la Vivienda a llevar a cabo un "refuerzo estructural preventivo mediante un apuntalamiento de la vivienda afectada por el incendio". "Este deberá realizarse colocando filas de puntales separadas a menos de 1,5 metros, debidamente repartidos tanto en el suelo como en el techo, y en forma de cuadrícula, bajo la supervisión de un técnico competente que dirija los trabajos, de manera que se asegure que el apuntalamiento sea efectivo, y bajo las medidas de seguridad necesaria", se establece en la resolución de Urbanismo.

Una vez que se realicen los trabajos, el Ejecutivo canario deberá presentar al Consistorio chicharrero, en un plazo de cinco días, un certificado de idoneidad de las medidas de seguridad adoptadas, en el que "se acredite la suficiencia, efectividad y correcta instalación de las medidas de seguridad instaladas, para garantizar en todo momento la seguridad de las personas y bienes, según la normativa de aplicación". Desde Urbanismo se informa de que se ha dado traslado de la citada resolución a la Policía Local de Santa Cruz, "para su conocimiento y efecto".

Por otro lado, Urbanismo ha dictado recientemente otra resolución para ordenar a la empresa Gestión del Polígono El Rosario que adopte, en un plazo máximo de dos meses, medidas de seguridad en un solar de su propiedad, situado en el Camino Nivaria, en el barrio de Tíncer. En concreto, El Consistorio exige que se proceda al cerramiento de la parcela con un murado de dos metros de altura y que se eliminen del interior del solar todos los elementos que puedan ser causa de accidentes, así como cualquier tipo de vegetación espontánea.

Asimismo, se informa a la citada entidad que se la interpuesto un tercera multa coercitiva por valor de 1.050 euros, por no haber cumplido las resoluciones del 6 de agosto de 2019 y del 21 de mayo de 2020.