Entra en vigor la anulación del Plan General de Santa Cruz

Con la entrada en vigor de la anulación del PGO de la capital, caen prácticamente todos los planes especiales de la ciudad, como el de mejora de la Playa de Las Teresitas, Las Mesetas o El Partido. Esto significa que habría que redactarlos de nuevo para poder intervenir en dichos espacios, aunque, y según ha informado el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, del PP, se intentarán buscar fórmulas para poder actuar lo antes posible. En el caso de Las Teresitas, apunta el edil, existe la opción de acordar con el Cabildo un proyecto de interés insular, con el fin de llevar a cabo, al menos, la mejora del saneamiento, la instalación de iluminación y la creación de un paseo. Los que sí siguen su curso y no se ven afectados por la anulación del PGO, son los planes de protección y ordenación de los conjuntos históricos de la ciudad, como los de El Toscal, Barrio de Los Hoteles y Antiguo Santa Cruz..

Con respecto a las licencias, ya sean de obras o de actividad, todas aquellas que se hayan concedido por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo con el PGO de 2013 en vigor continuarán vigentes y no habrá ningún tipo de problema. Las que se estén tramitando tendrán que adaptarse al documento de 2005 y los proyectos que surjan a partir de ahora se ajustarán a este último. Habrá algunos cambios en el planeamiento y de alturas en las edificaciones. Por ejemplo, con respecto a la implantación de supermercados en Santa Cruz, la adaptación básica de 2005 solo permite una superficie máxima de zona comercial de 750 metros, cuando la mayoría de estos establecimientos necesita una superficie en torno a los 1.200 metros.

El concejal de Urbanismo apunta que" la anulación del Plan General de Ordenación 2013 era una noticia que la ciudad esperaba", por lo que quiere enviar un mensaje de tranquilidad, asegurando que no habrá ningún tipo de inseguridad jurídica en el municipio. Además, añade, "desde que en julio del 2017, en primera instancia, recibimos la primera sentencia, el Ayuntamiento de Santa Cruz se preparó para afrontar el reto de un nuevo plan general". "Adjudicamos los trabajos del nuevo PGO en 2018 y presentamos un cronograma de nuevo plan general al pleno de noviembre del 2018. La idea es tener en el menor tiempo posible ese nuevo Plan General que ahora mismo esta en evaluación ambiental. Queremos dar la seguridad de que el Ayuntamiento no se va a quedar de brazos cruzados. Todas las licencias concedidas hasta ahora son perfectamente legales", insiste. La previsión es que el nuevo PGO esté aprobado entre finales de 2022 y principios de 2023.

Asimismo, Carlos Tarife anuncia que, mientras tanto, el Consistorio chicharrero va a tramitar instrucciones y ordenanzas, algunas de ellas de usos provisionales, para que "la adaptación básica del 2005 sea más atractiva de cara a la inversión". "Estamos iniciando el proceso de una nueva ordenanza de edificación como finalizando otro de publicidad exterior. Pero lo más importante es ir avanzando en el nuevo Plan General, para que la ciudad tenga por fin un instrumento que no sea utilizado políticamente, como se hizo con el PGO 2013, el cual quedó a punto de aprobar por parte de la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) en 2011 pero que no llegó a ser aprobado en ese momento, por causas que se desconocen. Para mí como concejal, es un verdadero fracaso la anulación de un Plan General que tiene un único responsable: el Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife", manifiesta el responsable de Urbanismo.

En julio de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló, por carecer de evaluación ambiental, el Plan General de Ordenación de la capital chicharrera, documento en el que se establece, desde el punto de vista urbanístico, qué se puede hacer en el municipio y cómo. El plan aprobado en 2013 por parte de la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias), tras más de 14 años de espera y tramitación, llegó a los tribunales a través de un recurso presentado en su momento por Puzolana y Áridos de Tenerife, empresa de Antonio Plasencia, por los terrenos del Hospital de La Candelaria.

Esta entidad se oponía a que sus parcelas, destinadas a aparcamientos, fuesen expropiadas y también denunciaba que no existía un informe de sostenibilidad ambiental. Fue por este último motivo por el que la Justicia sentenció la nulidad del PGO de Santa Cruz aprobado en 2013. De manera inmediata, el Ayuntamiento chicharrero recurrió ante el Tribunal Supremo (TS) tal decisión, pero este rechazó, en septiembre de 2018, dicho recurso. A continuación, el Consistorio presentó ante el Supremo un incidente de nulidad de actuaciones para intentar ganar tiempo, tras interponer también ante el propio Tribunal Superior de Justicia, junto al Gobierno de Canarias, un recurso de casación autonómico.

La Corporación local pretendía, con el incidente de nulidad, que el Plan General aprobado en 2013 siguiera en vigor durante más tiempo del que, a priori, se estimaba. Consiguió en el mismo momento que lo interpuso que el recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias quedase en suspenso. Pero a principios del año pasado, el Tribunal Supremo inadmitió el incidente de nulidad. Al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya solo le quedaba esperar por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en relación al recurso de casación autonómico. Finalmente, este también ha sido rechazado y, además, no se admite recurso alguno contra este auto. Ya solo quedaba que el Ejecutivo tomase en conocimiento la sentencia y lo publicar a en el BOC para que la anulación del PGO 2013 entrara en vigor, lo que ha sucedido este martes.