El Ayuntamiento de Santa Cruz asegura que está dando todos los pasos necesarios para que la recuperación del dinero por la operación de compraventa de la playa de Las Teresitas se haga efectiva lo antes posible. El concejal de Presidencia y Organización, el nacionalista Alfonso Cabello, informa de que, tras dos meses desde que se enviara al Juzgado, para que fuese validado, el acuerdo firmado con la familia del empresario Antonio Plasencia, condenado a penas de prisión por el caso Las Teresitas, por el que esta entrega al Consistorio dos edificios, la Audiencia Provincial ha emitido una providencia para designar a un perito judicial que establezca el precio del inmueble para el que la Corporación y la familia de Plasencia han presentado tasaciones diferentes, de 20 y de casi 24 millones, respectivamente. Se trata del abandonado edificio situado en Cabo Llanos, frente al Auditorio Adán Martín.

El acuerdo establecido entre el Ayuntamiento capitalino y la familia del empresario Antonio Plasencia, en el marco de la deuda de más de 97 millones de euros que deben abonar los condenados por el caso Las Teresitas -entre los que también se encuentran el exalcalde nacionalista Miguel Zerolo y el empresario Ignacio González, que falleció en prisión-, consiste en la entrega, en dación en pago, al Consistorio de dos edificios propiedad de dicha familia. Uno de ellos es el que se encuentra en Cabo Llanos y el otro es el ocupado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, situado en la avenida Tres de Mayo, por el que el Ejecutivo abona un alquiler de más de tres millones de euros al año a la familia de Antonio Plasencia.

Asimismo, se acordó fraccionar el abono en los próximos 14 años de otros 35 millones de euros, aunque con la garantía hipotecaria, en caso de impago, de otros bienes de Plasencia, como son el aparcamiento del Centro Comercial Bulevar, el Hotel Urban Anaga y unos terrenos en La Gallega, con los que se quedaría el Ayuntamiento de Santa Cruz si finalmente no se entrega todo el dinero en dicho plazo.

Con respecto a esto último y al edificio que ocupa la Consejería de Educación, la Audiencia Provincial no ha puesto ninguna objeción, pero sí con respecto al inmueble situado en Cabo Llanos. Para que pueda validarse el acuerdo y estos edificios pasen a ser propiedad de Santa Cruz, se tendrá que esperar a que el perito judicial establezca el precio de la citada construcción.

Entre 20 y 24 millones

"El precio del Edificio Auditorio se establecerá a través de un dictamen contradictorio a emitir por un perito tercero designado de entre las tasadoras homologadas por el Banco de España, dentro de los límites de congruencia mínimo y máximo que constituyen las valoraciones de que disponen las partes: 20.007.263 euros (tasación del técnico municipal) y 23.859.860 (tasación de Tinsa)", se indica en la providencia.

A pesar de este acuerdo, aún faltarían unos cinco millones más de la deuda de los condenados. Por este motivo, indica Cabello, el Ayuntamiento, tras conocer que la empresa Promotora Victoria, propiedad de la familia de Ignacio González, ha entrado en concurso de acreedores, se ha personado en el Juzgado como acreedor para poder recuperar el dinero.