El Ayuntamiento de la capital, a través de su Junta de Gobierno, ha acordado rechazar los recursos interpuestos por Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz ) y por su socio mayoritario, la multinacional Sacyr Vallehermoso, contra la decisión del Consistorio, tomada el 3 de julio, de suspender de forma cautelar, y hasta que se proceda a la interpretación del contrato, el abono anual de Emmasa a Sacyr de 2,3 millones de euros. Así lo ha confirmado el edil de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, del PP.

El anterior grupo de Gobierno del Ayuntamiento, formado por el PSOE y Cs, acordó a principios de julio poner fin a dicho pago e incoar un procedimiento de interpretación del contrato, a raíz de los informes municipales que habían concluido que estos abonos, que se realizan desde 2007 y que suman 29,9 millones, no están recogidos ni en el contrato firmado con el Ayuntamiento en 2006 ni en el pliego. En dichos informes se estableció que no existía ningún tipo de documento habilitante que permita a Sacyr recuperar, mediante pagos anuales de 2,3 millones abonados por Emmasa, los 59 millones que entregó en 2007 por hacerse con la gestión integral del agua en la capital durante 25 años. Asimismo, el anterior grupo de Gobierno denunció que ese dinero "nunca tuvo que haber salido de Emmasa porque se produjo un desequilibrio económico que provocó una subida de tarifas del agua a los vecinos".

El actual equipo de Gobierno, formado por CC, PP y la edil Evelyn Alonso, no solo ha mantenido dicho acuerdo, sino que también ha decidido rechazar los recursos de Emmasa y Sacyr, y solicitar al Consejo Consultivo de Canarias que dirima sobre la interpretación del contrato. Asimismo, el propio alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha aclarado que la elaboración de los citados informes "se inició durante el anterior mandato", con Coalición Canaria al frente del área de Servicios Públicos.

Sacyr y Emmasa han acusado al Ayuntamiento de "incurrir en una extralimitación en la prerrogativa exorbitante de interpretación del contrato y en un manifiesto abuso de derecho". Asimismo, consideran que el Consistorio carece de competencias para realizar el requerimiento efectuado y denuncian que no se llevó a cabo un trámite de audiencia previa. Indican que la medida es desproporcionada.