El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha encargado a Gestur, por un presupuesto de 120.000 euros, la modificación del Plan General (PGO) de Santa Cruz, mediante su suspensión en el ámbito de Cabo Llanos, para llevar a cabo el desarrollo de la Ciudad de la Justicia en esta zona. Se trata de prácticamente el último trámite necesario, según ha explicado el Ejecutivo, para poder garantizar ya la implantación en Cabo Llanos de esta infraestructura.

En concreto, Gestur deberá redactar los documentos correspondientes a la justificación de la propuesta de suspensión del PGO; deberá elaborar las normas sustantivas aplicables transitoriamente sobre los terrenos en los que se propone la suspensión del plan, y deberá llevar a cabo el procedimiento de evaluación ambiental.

El Gobierno garantiza que el nuevo Palacio de Justicia respetará las zonas verdes y dotaciones públicas previstas en la zona. El edificio albergará, entre otros usos, tanto a los órganos judiciales unipersonales como colegiados, los servicios del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses, las oficinas de asistencia a las víctimas del delito, los equipos de mediación, y las dependencias específicas para profesionales de la abogacía y la procura.