El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado este martes, en una reunión de consistorios con el ministerio de Hacienda, que los criterios de reparto del fondo estatal de 6.000 millones usen criterios demográficos y también que "la insularidad sea un factor a tener en cuenta para corregir desigualdades entre ayuntamientos".

El concejal de Hacienda, Juan José Martínez, ha explicado que para el reparto de dichos fondos "se utilizará un criterio estricto poblacional, pero se baraja la incorporación de otros, como la dispersión geográfica, tasa de desempleo o el número de inmigrantes, entre otros, y ello provoca que se haya incluido en el debate el sobrecoste que genera la insularidad, como factor a tener en cuenta para dicho reparto".

Además, ha explicado que los ayuntamientos, un total de 29 firmantes, y gobernados por más de una decena de partidos políticos diferentes, han solicitado que sean incluidos "en el marco de financiación de los fondos europeos destinados a la recuperación económica después de la pandemia".

Los consistorios firmantes son los de Algeciras, Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Valencia y Zaragoza.

Además, han emitido un comunicado conjunto en el que piden "diálogo y soluciones" para los vecinos y reiteran que el documento rechazado recientemente en el Congreso de los Diputados "era injusto y vulneraba el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos".

Así, piden en este texto la "apertura inmediata" del proceso de diálogo con el Ministerio que permita establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, "tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas".

Los ayuntamientos reclaman especial atención "al fondo incondicionado de 5.000 millones y al de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público" y declaran estas ayudas como "imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica".

Para ello, piden "que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades".