La Asociación de Vecinos Azorín ha sido en los últimos años uno de los colectivos más díscolos con el equipo de gobierno, con independencia del color político, si bien ayer el encuentro que habían exigido entre el equipo de gobierno y la directiva del colectivo fue una cita de guante blanco, con la elegancia de una comisión informativa del Parlamento de Canarias.

La cita comenzó a las cinco de la tarde en la asociación que llegó a estar amenazada con cerrar sus puertas por la mala gestión que le llevó a arrastrar una deuda económica que a punto estuvo de dejarla sin luz y agua. Eso fue hace años. En la actualidad está bajo la presidencia de José Luis Guzmán -sobrino y heredero del recordado y modélico referente en la participación vecinal Luis Celso García-. Y demuestra tablas y raza con parsimonia y la voz que trae al recuerdo al hombre que peleó por mejorar la calidad de vida de Añaza.

Rosi Cubas, activista y vecina infatigable del barrio, se adelantó a la llegada del concejal de zona de la que se había enterado por la prensa. Peleó por estar presente. Primero de oyente, aunque no garantizó que no fuera a dar su parecer -todos saben de su compromiso social-, y luego... se aplicó el protocolo del Covid-19 y se limitó la reunión a los representantes de la asociación y a la comitiva municipal: un máximo de diez personas porque se desarrolla a puerta cerrada. Aún así, Rosi Cubas, muleta en mano, se dio su vuelta por el barrio, móvil en ristre para ofrecer su versión de lo que deber ser Azorín.

En la asociación, José Luis Guzmán, el presidente, invitó a los presentes a tomar sitio y solo faltó el timbre para comenzar la sesión. El sobrino de Luis Celso procedió a dar lectura al orden del día de forma ceremoniosa: el parque Manuel Castañeda, situación del albergue, la limpieza, la seguridad, situación de la barriada Cepsa y también los planes de futuro para las viviendas de José Antonio. Fue el orden del día que anunció para desarrollar de forma directa y garantizar las normas de seguridad del Covid-19.

A partir de ahí, se comenzó a desgranar algunos asuntos. Ángel Brito, el vicepresidente de la asociación quiso dejar claro que con Valoriza el barrio está mucho más limpio y mejor que cuando estaba la compañía anterior, y hasta los vecinos están satisfechos con la ubicación de contenedores de basura; tal vez es la excepción de toda Santa Cruz.

El vicepresidente criticó que durante la etapa del gobierno de Patricia Hernández, en pleno confinamiento, se repartía a los usuarios del albergue un catering a la puerta del recurso, cuando se suponía que estaban confinados en el Pabellón de Deportes. El nuevo concejal de Distrito, el popular Carlos Tarife, rompió una lanza por sus antecesores, al asegurar que el confinamiento fue una situación inédita y que se intentaron activar los recursos para dar cobertura a todos. Más díscolo se mostró Tarife con sus predecesores al atribuir a la gestión de Óscar García, exconcejal de Servicios Sociales, y Dámaso Arteaga, de Infraestructuras, años atrás, para suprimir las chabolas; según se llegada a un acuerdo con el usuario, se destruían para evitar que fuera tomadas por nuevos indigentes. Esta labor hay que retomarla, dijo Carlos Tarife.

Los vecinos pidieron más seguridad y presencia policial y apostaron por pequeños centros de atención social frente a concentrar en Azorín a todos los indigentes del albergue. La supresión de los muros exteriores y la restitución del pavimento del parque Manuel Castañeda volvieron a centrar las demandas que llueven sobre mojado.

Al final, fue el concejal de zona quien pidió visitar el barrio con los vecinos para conocer in situ en una visita de guante blanco.