El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) de la capital tinerfeña ha acudido a una contratación de emergencia social para acabar con la lista de espera en el servicio de atención domiciliaria. En la actualidad, desde el IMAS se atienden a unas 1.200 personas y otros cuarenta demandantes aguardaban la prestación de este servicio con el objetivo de que mejore su calidad de vida. Por este motivo, la concejala responsable del área, la nacionalista Rosario González, firmó la declaración como contratación de emergencia social del servicio de atención domiciliaria que a partir de la próxima semana se comenzará a asignar a quienes esperan desde hace meses esta prestación.

Además de cubrir de forma inmediata la cobertura para las 40 personas que están en lista de espera, desde el IMAS se establece que el servicio se ampliará a treinta nuevos demandantes al mes y en función de las solicitudes a partir de octubre.

Con la resolución de la presidenta del IMAS se pone al día el servicio de atención domiciliaria y el área de Atención Social se prepara para dar cobertura a nuevos demandantes, dada la incidencia de la crisis sanitaria en los colectivos más vulnerables de la población chicharrera.

La ampliación de la atención domiciliaria se ha encomendado a la empresa Clece que dará respuesta inmediata a las actuaciones de emergencia antes señaladas, regulando un servicio de 24 horas al mes por usuario.

Dentro de la resolución dictada por la responsable del IMAS se establece que la empresa concesionaria del servicio "se deberán garantizar los medios de protección individuales EPIS a todo su personal en la ejecución del contrato, garantizando así las medidas de seguridad e higiene, con el objetivo de evitar posibilidad de contagio".

Cabe recordar que el 27 de julio pasado se procedió a la declaración de la situación de emergencia para las contrataciones, ayudas y subvenciones del IMAS con la finalidad de abordar la crisis producida por el covid-19.

Entre los principales objetivos establecido por el equipo de gobierno de José Manuel Bermúdez desde que prosperó la moción de censura se establece como prioridad "la detección del creciente número de personas en situación de vulnerabilidad que permanecían confinadas en los domicilios y que precisaban de apoyo en el mismo para garantizar la cobertura de necesidades básicas esenciales tales como elaboración de comidas, compra de alimentos, lavado de ropa, ayuda en la ingesta de alimentos, limpieza, control de medicación, aseo personal...".

Rosario González, la presidenta del IMAS, resolvió el contrato de emergencia "para dar cobertura a la demanda existente en la capital", "máxime cuando las redes de apoyo se vieron mermadas por la incidencia del confinamiento y la carencia de crédito suficiente en la partida presupuestaria destinada a la prestación del servicio de ayuda a domicilio".

Para garantizar la cobertura de cuantas personas se encuentran en lista de espera para recibir ayuda domiciliaria, Rosario González fijó, para atender a "grupos poblacionales especialmente vulnerables y en previsión de nuevos confinamiento o limitaciones en la libertad de movimiento", implementar nuevos servicios para la ayuda a domicilio, teleasistencia y actuaciones de acompañamiento en el hogar y en actividades de la vida diaria fuera del hogar.

Otro de los retos que se trazan desde el IMAS es "proporcionar servicios de apoyo domiciliario a todas aquellas personas mayores, con discapacidad que viven solos y sin redes sociales que por miedo, soledad, cierre o limitación de servicios de día o centros de día, no puedan realizar sus actividades de la vida diaria ni mantener su calidad de vida tal y como la venían desarrollando antes de la pandemia".

En la resolución también se recoge cobertura para "facilitar alimentos y material de higiene personal y de hogar a personas mayores y/o con discapacidad que se encuentren solas, así como implementar acompañamientos para la realización de actividades de vida diaria".

Este contrato de emergencia defiende también "promover la disminución de la brecha digital en personas mayores en situación de vulnerabilidad mediante acciones de formación en nuevas tecnologías y redes sociales que faciliten su comunicación social y la mejora de su calidad de vida".

Para ello, se plantea "habilitar, complementar servicios que puedan realizar labores de detección de personas solas y seguimiento de su situación y estado".

El Servicio de Ayuda a Domicilio en Santa Cruz de Tenerife se presta en función del contrato suscrito el 28 de mayo de 2018 entre el IMAS y la empresa Clece, con un plazo de ejecución de 6 años, desde el 1 de junio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2024, pudiéndose prorrogar por un período máximo de cuatro años para dar cobertura a 1.200 personas al mes; en dos años se ha atendido ya a casi 1.300 personas al mes. Para la ejecución del contrato se fijó un precio máximo de licitación de 31,1 millones de euros.