Diez grandes ciudades del país, entre las que se encuentra Santa Cruz de Tenerife, han formado una alianza para luchar contra el acuerdo adoptado entre el Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el reparto de la financiación municipal. Los alcaldes de estas ciudades, de ocho partidos políticos diferentes, firmaron ayer, durante una reunión telemática, un documento de rechazo a la medida del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y uso del superávit por parte de los ayuntamientos, porque la consideran injusta y porque, según aseguran, impide que los ahorros de las consistorios se puedan utilizar en beneficio de los vecinos. Estos diez regidores, entre los que se encuentra el nacionalista José Manuel Bermúdez, ponen en jaque el citado acuerdo, pues ya más de 190 diputados se han sumado a la lucha, amenazando con tumbar el decreto ley sobre remanentes.
En concreto, el rechazo manifestado por los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife (CC), Cádiz (Podemos), Zaragoza (PP), Granada (Ciudadanos), Lleida (Ezquerra), Madrid (PP), Murcia (PP), Pontevedra (BNG), Reus (PdeCat) y Valencia (Compromís) es apoyado por una quincena de partidos que conforman el Congreso, que suman 190 diputados, por encima de la mayoría absoluta de la Cámara (176). Se trata de partidos como PP, Vox, Ciudadanos, ERC, Junts, PNV, Bildu, Navarra Suma, Compromís, Foro Asturias, PRC, Coalición Canaria, Nueva Canarias, BNG y la CUP. Estos han mostrado ya su disposición a votar en contra del decreto ley que recoge el acuerdo entre el Estado y la FEMP, que debe someterse a una votación de convalidación o derogación en el plazo de un mes.
El Consejo de Ministros transformó en decreto ley el acuerdo con la Federación de Municipios, por lo que tiene que llevarlo al Congreso de los Diputados antes de 30 días hábiles ya en septiembre. En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición e, incluso, de Unidas Podemos, el decreto ley está a día de hoy más cerca de ser derogado que refrendado.
5.000 millones
En el caso concreto del PP, grupo con 88 diputados, se han referido con dureza el acuerdo sobre los remanentes de tesorería de los ayuntamientos y, además, han amenazado con llevarlo a los tribunales. Asimismo, han anunciado que lanzarán una ofensiva parlamentaria para lograr revertir estas medidas sobre remanentes y superávit,
La medida del Ministerio de Hacienda, y según lo ha explicado el presidente de la FEMP, Abel Caballero, consiste en un ingreso no financiero, por parte del Gobierno, de 5.000 millones de euros para las entidades locales, a los que "se sumará un máximo de 400 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte urbano y la participación en fondos europeos que ascienden a 72.000 millones".
El acuerdo contempla que las entidades locales que pongan a disposición del Estado sus remanentes de tesorería (ahorros) irán percibiendo de manera proporcional a los remanentes que cedan un ingreso no financiero durante 2020 y 2021. A partir de 2022, y en un plazo de diez años, los ayuntamientos habrán recibido la totalidad de los remanentes cedidos y podrán utilizarlos sin incurrir en déficit.
Se trata, según ha indicado Caballero, de la única forma de utilizar esos remanentes de tesorería por parte de los consistorios, "un uso que está limitado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera". "La cesión es la única manera de utilizar los remanentes. Tras cederlos al Estado, éste nos los devuelve libres de déficit y listos para gastar", ha agregado.
En la Junta de Gobierno de la FEMP, el acuerdo tan solo sumó los 12 votos a favor del PSOE, por los 12 en contra del PP, Junts y Ciudadanos. La abstención de Unidas Podemos y el voto de calidad del presidente socialista de la Federación de Municipios resultaron determinantes para aceptar la iniciativa, que provocó la ruptura del histórico consenso en la agrupación municipalista.
Precisamente, en el documento de rechazo firmado ayer por diez ciudades, entre ellas, la capital chicharrera, se denuncia que el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda "vulnera la autonomía financiera de las entidades locales, supone la incautación de los superávits municipales y propone excluir a los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado". "Los criterios acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni solidarios, perjudican gravemente y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros", se apunta en el documento.
Rectificación
Los diez alcaldes exigen a la federación y al Estado la rectificación de forma inmediata de los términos de su acuerdo, así como la iniciación de nuevas negociaciones que "permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho en el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitados por el Gobierno de España".
El regidor de Santa Cruz de Tenerife, municipio que se vería perjudicado con la actual medida del Estado ya que durante el anterior mandato utilizó gran parte del remanente para reducir su deuda, ha destacado que "son los ayuntamientos quienes deben disponer libremente de sus recursos, pues son la primera puerta de entrada a la que acuden los vecinos con dificultades".
Bermúdez manifiesta que el grupo creado por las citadas diez ciudades españolas "reivindica el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus Covid 19, independientemente de su color político o de su situación económica-financiera".
Asimismo, en el documento firmado por las diez ciudades se reivindican los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus. "Estas ayudas son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesiten durante la actual crisis económica", recoge el texto.
Los consistorios firmantes también reclaman poder disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, "destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades".
El documento rubricado ayer será distribuido entre todos los municipios de más de 100.000 habitantes y capitales de provincia de todo el Estado, y los alcaldes pedirán una reunión con la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, para explicarle en persona los motivos del rechazo.
Por otra parte, la reunión mantenida ayer entre los alcaldes ha servido para "analizar otras cuestiones que tienen que ver con la financiación presente y futura de los ayuntamientos, durante y después del Covid 19", como el papel de los municipios "en el reparto de los 140.000 millones de euros que la Unión Europa va a aportar al Estado o la posibilidad de analizar la suspensión en 2021 de la regla de gasto", concluyó Bermúdez.
