El Ayuntamiento de la capital tinerfeña se ha sumado a otras cinco capitales de provincia del Estado español para hacer un frente común y exigir tanto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda la derogación del acuerdo adoptado el pasado lunes y que se retome la vía negociado, como ha sido costumbre en el seno de la federación.

Este frente de capitales de provincia está integrado por alcaldes de diferentes signos políticos: junto a Santa Cruz, de CC, se suman Cádiz, gobernado por Podemos; Granada, que gestiona Ciudadanos; Lleida, liderada por Ezquerra; Murcia, en manos del PP, al igual que Zaragoza.

Este posicionamiento se produce después de que la Junta de Gobierno de la FEMP acordara el lunes firmar con el Estado el acuerdo económico que permitirá impulsar desde ayuntamientos medidas para favorecer la recuperación de pueblos y ciudades tras la pandemia. Cabe que recordar que fue preciso el voto de calidad del presidente de la FEMP, Abel Caballero, para que prosperara este acuerdo que permitirá a la Administración General del Estado realizar un ingreso no financiero de 5.000 millones para las Entidades Locales a los que se sumará un máximo de 400 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte urbano, y la participación en fondos europeos que ascienden a 72.000 millones.

Los seis alcaldes de provincia rechazan el acuerdo al discrepar de las condiciones que se fijan para acceder al reparto y exigen "la rectificación de forma inmediata de los términos de su acuerdo, así como la iniciación de nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con le conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España", según defienden.

Tras los primeros contactos establecidos por los mandatarios de las referidas seis capitales de provincial, se abre la posibilidad de que se sumen otras que compartan estos argumentos en los prolegómenos a la videoconferencia que se celebrará mañana, viernes, cuando se rubricará el acuerdo.

Aprovechando que los alcaldes firmantes corresponden a diferentes partidos políticos, los regidores se comprometen a trasladar el acuerdo que rubriquen mañana a sus formaciones con representación en el Congreso de los Diputados con el objetivo de se retrotraiga el acuerdo de la FEMP del lunes y se apueste por la vía negociada, "en vez del voto de calidad del presidente ante la falta de consenso de todos", explican.

El alcalde de Santa Cruz insiste en que las seis capitales de provincia consideran que "los criterios acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni solidarios; perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros".

El pasado lunes, una vez se conoció el apoyo de la FEMP a la propuesta del Ministerio de Hacienda, José Manuel Bermúdez aseguró que "el acuerdo es absolutamente negativo. Lo ha impuesto el Gobierno de España porque le viene bien, pero rompe el municipalismo y es injusto con los protagonistas de la contención del déficit durante los últimos diez años.

A su juicio, este acuerdo asesta un golpe a la primera línea de atención pública. "La del ayuntamiento es la primera puerta en la que tocan los ciudadanos que tienen problemas", destacó Bermúdez, que pide dar marcha atrás y recomponer el reparto acordado entre la FEMP y Hacienda.