25 de julio de 2020
25.07.2020
Primer pleno de Santa Cruz de Tenerife tras la moción de censura

Bermúdez, dispuesto a llevar a Sacyr a los tribunales

El actual grupo de Gobierno continúa con la investigación del contrato de Emmasa

24.07.2020 | 22:56
Bermúdez, dispuesto a llevar a Sacyr a los tribunales

Tras algo más de un año, el nacionalista José Manuel Bermúdez volvió a ocupar ayer el sillón de alcalde en el pleno de Santa Cruz. Lo hizo 11 días después de la moción de censura presentada por CC, PP y la edil expulsada de Cs, Evelyn Alonso, contra la socialista Patricia Hernández. La tensión se cortaba en el ambiente y la sesión se desarrolló entre reproches, llamadas al orden y salidas de tono. "Supérenlo". Fue la frase estrella del nuevo grupo de Gobierno.

El Ayuntamiento de la capital llevará a la multinacional Sacyr Vallehermoso, socia mayoritaria de Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife), ante los tribunales si se confirman irregularidades en el contrato, en relación al pago de 2,3 millones de euros anuales a Sacyr por parte de Emmasa. Así lo anunció ayer el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, en su primer pleno tras la moción de censura presentada por CC, PP y la edil expulsada de Cs, Evelyn Alonso, contra la socialista Patricia Hernández.

Este quiso dejar claro que el actual equipo de Gobierno continuará con el expediente de interpretación del contrato suscrito con la multinacional para la gestión del ciclo integral del agua del municipio y con la suspensión de dicho pago, decisiones tomadas por el anterior grupo de Gobierno, formado por el PSOE y la concejal de Cs Matilde Zambudio, y apoyado por Unidas Podemos desde la oposición. "Y si el Consejo Consultivo ratifica los informes de Servicios Públicos y de la Asesoría Jurídica, iremos a la Justicia contra Emmasa, en este caso contra Sacyr", reiteró el regidor chicharrero.

Eso sí, José Manuel Bermúdez quiso dejar claro que ya en 2017, con él al frente del Ayuntamiento, se iniciaron las "actuaciones preliminares en relación en este asunto, a raíz de las cuales, los funcionarios han firmado los informes que se dieron a conocer el pasado mes de mayo", con Patricia Hernández como alcaldesa. "No existe ni un solo informe anterior a los de mayo que pusiera sobre la mesa este problema", destacó.

"Y aún así, y a pesar de que aún no está concluido el expediente, pues estamos en el trámite de presentación de alegaciones por parte de Emmasa y Sacyr, hemos tenido que soportar y escuchar como acusaban de delitos a responsables públicos y a partidos políticos. Hemos tenido que aguantar un show mediático sin sentido", agregó el alcalde refiriéndose al anterior equipo de Gobierno.

El regidor chicharrero realizó estas manifestaciones a raíz de la moción presentada por Unidas Podemos, a través de su portavoz, Ramón Trujillo, para solicitar la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión del agua por Emmasa, la cual fue rechazada por el grupo de Gobierno. Y es que, según explicaron Bermúdez y el concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz Guerra, "ya existe una investigación, por lo que no podemos aprobar algo que ya se está haciendo". Asimismo, indicaron que queda "plenamente garantizada la transparencia por la comisión de información ya constituida para revisar el informe emitido en mayo sobre el servicio municipal de agua, sobre el que, de momento, no hay todavía ninguna conclusión en firme, ya que aún falta la respuesta de la empresa Sacyr, momento tras el cual pasará toda la documentación al Consejo Consultivo de Canarias". "Y si se ratifica el expediente, iremos a los tribunales", dijo el alcalde.

El concejal de Servicios Públicos alabó el trabajo realizado por los técnicos en cuanto a la labor de control de la gestión del agua y aseguró que el Ayuntamiento capitalino llegará hasta el final con respecto a este expediente, porque "perseguimos el interés general", aunque "a ustedes", refiriéndose al PSOE, Cs y Unidas Podemos, "lo que les pone es ver a alguien sentado en el banquillo". "A mí, sin embargo, lo que me pone es trabajar por los ciudadanos", añadió Díaz Guerra.

El pasado 3 de julio, la Junta de Gobierno, con Patricia Hernández al frente, ordenó la paralización inmediata del pago de 2,3 millones de euros anuales por parte de Emmasa a la entidad concesionaria encargada de la gestión del agua, Sacyr, así como la incoación de un procedimiento de interpretación del contrato. También se instó a Emmasa a reclamar las cantidades "indebidamente abonadas". Dichas decisiones se tomaron a raíz de los informes de Servicios Públicos, Asesoría Jurídica e Intervención Municipal que habían concluido que esos pagos, que se realizan desde 2007 y que suman 29,9 millones, no están recogidos ni en el contrato firmado con el Ayuntamiento de Santa Cruz ni en el pliego.

Estos establecieron que no existe ningún tipo de documento habilitante que permita a Sacyr recuperar (mediante pagos anuales de 2,3 millones abonados por la propia Emmasa) los 59 millones que pagó en 2007 por hacerse con la gestión integral del agua en la capital durante 25 años. Asimismo, el anterior equipo de Gobierno denunció que ese dinero "nunca tuvo que haber salido de Emmasa, porque se produjo un desequilibro económico que provocó una subida de tarifas del agua a los ciudadanos".

Sociedad de Desarrollo. El equipo de Gobierno también rechazó la moción presentada por la edil de Cs, Matilde Zambudio, con la que pedía la creación de una Oficina de Control en la Sociedad de Desarrollo. La concejal responsable del área, Evelyn Alonso, explicó que en la actualidad "existen suficientes mecanismos de control y fiscalización de la actividad de la citada entidad pública, que también se ve sometida con periodicidad anual a una auditoría externa y procedimientos reglados, que disponen, además, de la permanente Intervención del Ayuntamiento". El edil de Urbanismo, Carlos Tarife, del PP, también aprovechó para recomendarle a Cs que cree una "Oficina de Control para vigilar la confección de las listas electorales".

Incumplimiento de la regla de gasto. La Intervención del Consistorio chicharrero dio a conocer ayer el informe de liquidación del presupuesto de 2019, concluyendo que se ha cumplido la estabilidad presupuestaria, aunque no la regla de gasto, lo que significa que la Corporación gastó más de lo permitido, unos 16 millones de euros más. Esto obliga al Ayuntamiento a elaborar un Plan Económico Financiero que "valore las causas que han llevado a este incumplimiento y que establezca las medidas que deben implantarse".

E Consejo de Protección de los Animales. El pleno aprobó ayer por unanimidad la moción presentada por UP para crear el primer Consejo Municipal de Protección de los Animales en Santa Cruz. Este órgano consultivo permitirá la participación ciudadana y la coordinación entre las entidades de protección de los animales, los grupos políticos y técnicos municipales y la Universidad de La Laguna, en una capital donde hay 41.000 perros censados. También se dio el visto bueno a la moción de UP para reanudar el servicio de apoyo para personas con discapacidad en la playa de Las Teresitas.

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