La dirección nacional de Ciudadanos y su concejala expedientada en el Ayuntamiento santacrucero Matilde Zambudio alcanzaron un acuerdo el 2 de julio que le permite recuperar su condición de militante de Cs de pleno derecho después de reconocer que cuando apoyó la investidura de Patricia Hernández como alcaldesa, el 15 de junio de 2019, "cometió una infracción de los Estatutos al contravenir las directrices" de su partido, pues su apoyo fundamental para que la dirigente socialista se alzara con la Alcaldía. La cabeza de lista de Cs en las pasadas elecciones municipales reniega ahora de los argumentos que ha mantenido durante el año de mandato, periodo en el que siempre había mantenido que apoyó a Hernández "siguiendo las directrices de la dirección de su partido".

Desde junio de 2019, Cs le abrió un expediente de expulsión a los dos concejales de Ciudadanos de Santa Cruz, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, un trámite que llegó a la vía judicial. Lazcano recuperó en enero pasado su condición de militante por un acuerdo extrajudicial, mientras que Zambudio logró que los tribunales fijaran la medida provisional de reconocerle su militancia hasta celebrarse la vista.

Finalmente, no habrá juicio, sino que el acuerdo alcanzado hace una semana zanja las diferencias entre Cs y Zambudio, que recupera su condición de militante de pleno derecho, como firma en el escrito José Carlos Velasco en nombre del partido. En esta negociación Zambudio ha contado con el asesoramiento de la letrada Sandra Rodríguez, afín al dirigente socialista Santiago Pérez.

El escrito arranca con el acto de contrición de Zambudio, que admite que incumplió las directrices de Ciudadanos. A partir de ahí, el partido reconoce que su portavoz no ha realizado comentarios despectivo ni injurioso sobre este conflicto, ni ha difundido ningún tipo de información sobre las diferencias internas con su partido, para asegurar que "ha demostrado tener una actitud de confianza y de no enfrentamiento frente al partido". Ciudadanos reconoce también que Zambudio "no ha atacado al prestigio y la imagen de Ciudadanos", por lo que justifica este acuerdo extrajudicial que permitirá que "ambas partes se vean resarcidas y compensadas".

Ambas partes se dan por satisfechas: Zambudio entona el mea culpa y Ciudadanos la reafirma en la militancia, además de comprometerse el partido a retirar el pleito por la vía judicial, renunciar a las costas que se hayan podido generar en la tramitación en la administración judicial y se compromete a remitir este acuerdo al Ayuntamiento para informar de "la reafirmación de la afiliación" de Matilde Zambudio, lo que le permite crear su propio grupo municipal y zanjar cualquier tipo de controversia entre las partes por el sentido del voto de Zambudio en la investidura de la alcaldesa, hace en junio de 2019.

"En la vida no todo vale". El origen de los hechos se remontan al sábado 15 de junio de 2019, cuando se celebra la sesión de investidura. Después de dos semanas intensas de negociaciones para configurar una mayoría estable en Santa Cruz, la socialista Patricia Hernández, con 9 actas, logra el bastón de mando con el apoyo de los dos concejales de Ciudadanos (Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano) y los tres representantes de Podemos. En total, la candidata socialista sumó 14 apoyos, frente a los trece que reunió Bermúdez -diez de CC y 3 del PP-, lo que supuso desplazar a los nacionalistas de la Alcaldía después de casi 40 años en la Casa de los Dragos.

En esa sesión, la líder de Cs admitió que "en la vida no todo vale. Hay que tener principios". El mismo día que los socialistas toman el control de Santa Cruz con la complicidad de Zambudio -entre otros concejales-, la dirección nacional de Ciudadanos anuncia la expulsión de sus dos concejales en la capital tinerfeña (Zambudio y Lazcano).

Según se recuerda en el "acuerdo transaccional", el 17 de junio Ciudadanos abrió el expediente de expulsión a Zambudio y Lazcano. Nada más conocer la decisión de su partido, la cabeza de lista de Cs y su número dos aseguraron que "siguieron las directrices nacionales de la formación que pasan por no pactar con partidos que incluyan imputados en sus listas, con Podemos o partidos nacionalistas, y en todo caso, buscar acuerdos con el PP como socio preferente allá donde se pueda y, de forma excepcional, con el PSOE", como consta en el comunicado que remitieron ese día. Y llegaron a asegurar que "presentarán las alegaciones y pruebas pertinentes para acreditar que en la constitución del Ayuntamiento de Santa Cruz cumplieron con las instrucciones aprobadas por la Ejecutiva nacional del partido".

El 2 de septiembre del año pasado, Zambudio y Lazcano presentaron una demanda contra Ciudadanos ante el juzgado por "vulneración de derechos fundamentales ante el expediente de expulsión", y solicitaron como medida cautelar la suspensión de la expulsión. En su demanda, Zambudio y Lazcano aseguraron que "actuaron con coherencia y respetando en todo momento las directrices comunicadas por el partido".

La dirección nacional de Ciudadanos comunicó el 4 de septiembre la expulsión definitiva de sus dos concejales en Santa Cruz, y dio cuenta al secretario municipal para que los afectados pasaran a formar parte del grupo de no adscritos: "Tenga por presentado este escrito y, en sus méritos, y en aplicación del acuerdo sobre transfuguismo y demás leyes aplicables, proceda a cursar la baja de Matilde Zambudio y Ramón Lazcano del Grupo Municipal de Ciudadanos, pasando a la categoría de concejales no adscritos con la consiguiente pérdida de derechos políticos y económicos, así como la extinción del grupo municipal de Ciudadanos al no existir miembros que lo compongan".

Ese mismo día, Zambudio insistió en que "es un atropello a nuestros derechos políticos unipersonales reconocidos en la Constitución", y recalcó que "nunca recibió orden concreta, expresa e inequívoca que les prohibiera votar a favor del PSOE".

Zambudio versus El proceder de Cs al expulsar a Zambudio, y comunicarlo a la Secretaría del Pleno es similar al emprendido por el partido con Evelyn Alonso, que sustituyó al dimitido Lazcano, con la salvedad que Zambudio recurrió su expulsión y no se convocó el pleno, y a Evelyn Alonso se la sometió a una expulsión exprés y en diez días perdió su condición de concejala por Ciudadanos en el pleno municipal, a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre su demanda, al igual que hizo Zambudio, para mantener su militancia.

El 14 de octubre, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, María Gabriela Reverón, aceptó las medidas cautelares solicitadas por Zambudio y Lazcano y suspendió su expulsión. Este último llegó a un acuerdo extrajudicial el 28 de enero con el partido sobre su readmisión, si bien el 17 de junio dejó su acta. Zambudio esperó a la vista previa que los tribunales fijaron para el 18 de marzo y luego, por el Covid-19, se cambió precisamente al lunes 13 de julio, cuando se debatirá la censura, una coincidencia que prefirió evitar Zambudio con el acuerdo extrajudicial. Garantiza así su militancia en Cs ante la posibilidad de que desde el lunes deje de ser primera teniente de alcaldesa.