Las primeras sospechas de que Emmasa abonaba un canon anual de 2,3 millones de euros a la empresa Sacyr -que se hizo con la privatización del ciclo integral del agua en 2005- se remontan a 2016. Dos años después lo comunicó el director de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos del Ayuntamiento, según desveló ayer el actual responsable del área, José Ángel Martín, en la comisión de control celebrada ayer.

El socialistas aprovechó la pregunta que le dirigió el concejal popular Carlos Tarife sobre el informe de la gestión realizada en Emmasa en los últimos años en relación con el canon a pagar para explicar, en términos coloquiales, que Sacyr recupera desde 2007 el dinero que desembolsó por hacerse con la concesión del servicio. "Es como si yo me compro un coche y el vendedor me devuelve en un periodo de tiempo el dinero que yo pagué", dijo Martín.

En términos legales, el director del servicio hizo constar en un informe de 2018 que "se contabilizó un crédito a favor de Sacyr Vallehermoso, que fue el mismo que realizó el pago del mismo, por un importe de 59 millones de euros, cuya amortización se llevará a cabo anualmente, durante el período de duración del contrato, en veinticinco partes iguales".

Aunque el contrato de privatización se suscribió en 2005, la modificación en las cláusulas se hizo dos años después para devolver como un canon el dinero que se desembolsó por hacerse con la concesión del servicio del agua. La verificación de esta irregularidad se realizo en el ejercicio 2018 y se hizo constar en un nuevo informe remitido por el área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos el 6 de marzo de 2019.

Según las explicaciones facilitadas ayer por José Ángel Martín, la modificación en las condiciones de contrato incluidas en 2007 comprometen a Emmasa a abonar a Sacyr un canon anual de 2,3 millones de euros "sin contar con un título habilitante o que justificara la misma", precisó Martín.

El nacionalista Dámaso Arteaga, concejal de Servicios Públicos en el mandato 2015-19 y ahora en la oposición, explicó que la devolución del canon obedece a que antes de la licitación del contrato Emmasa pagaba al Ayuntamiento un canon por el uso de la red de instalaciones que discurre por dominio público. La cuantía que ahora se abona desde Emmasa a Sacyr corresponde a un canon demanial anticipado.

Arteaga también incidió en que "hasta 2019, ningún informe técnico municipal justifica que el canon de Emmasa fuera irregular ni tampoco se había informado del cambio de criterio que se introdujo en el contrato en 2007", por lo que pidió a los portavoces del resto de formaciones que intervinieron en la comisión de control que hablaran con rigor. Dámaso Arteaga respondía así Ramón Trujillo, de Podemos, que calculó que Sacyr habrá hecho una caja de casi 150 millones de euros en los 25 años de la concesión. Ese cálculo es el resultado sumar el canon de 59 millones más los 85 millones de beneficios que reconoce la compañía que obtiene en los 25 años del plazo de explotación del servicio del agua. Para Ramón Trujillo, esto es un ejemplo de "corrupción legal", el resultado de poner el servicio del agua en "manos de tiburones", por lo que anunció que estudiará solicitar la rescisión de la concesión a Sacyr.

Menos tajante se mostró José Ángel Martín, que confió en el respaldo de todos los grupos municipales para pedir a Sacyr que devuelva el canon que "nunca se le tuvo que ingresar a la empresa".

Arteaga, que felicitó al personal del área de Bienestar Comunitario Servicios Públicos por el informe sobre el canon, cuestionó la cuantía de los beneficios que calculó Trujillo y puso en valor los dos informes jurídicos que se realizaron sobre la gestión de Emmasa, argumento que para José Ángel Martín era más propio del abogado de la concesionaria que de un concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz.

Carlos Tarife, el autor de la pregunta, también felicitó al autor del informe y solicitó a todos los grupos ir de la mano para solicitar la devolución del canon a Sacyr.

Otros asuntos. El concejal popular Carlos Tarife también preguntó en la comisión de control de ayer sobre el sistema de inspección y valoración de los contratos de servicios públicos. El epígrafe del expediente llevó a confusión del edil del PP, y de su compañero nacionalista Dámaso Arteaga, que intuyeron que se trataba de un mecanismo de fiscalización administrativo lo que, en realidad, es una aplicación informática para que los vecinos puedan denunciar las incidencias en el servicio de basura. El concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, aprovechó la oportunidad para cuestionar el servicio que se contrató a la empresa Valoriza, que considera insuficiente y que precisa revisar las frecuencias para garantizar la limpieza en la ciudad.

Martín Bethencourt desveló que el ayuntamiento ya ha detraído 200.000 euros a Valoriza por incumplir algunos aspectos recogidos en el pliego del servicio, a la vez que se mostró confiado con la próxima instalación del quinto contenedor y que mejore la calidad de la limpieza, con la complicidad de los vecinos.