La auditoría que presentó el lunes la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio, sobre la gestión de su predecesor en la empresa pública fue contratada a Gextiona, que en su página web se presenta como asesoría fiscal, contable, laboral y para la protección de datos. Sin embargo, no figura inscrita en el Registro del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Si no está registrada no puede, por lo tanto, fiscalizar las cuentas. El informe tampoco es oficial. La interventora municipal ni participó, ni dirigió, ni lo encargó. Los servicios municipales de fiscalización son ajenos al mismo.
Zambudio, que ejerce de primera teniente de alcaldesa, convocó el lunes de forma extraordinaria y urgente a la prensa para presentar "la investigación", que denominó también como auditoría, de Gextiona, un trabajo firmado por el censor jurado de Cuentas Antonio Martos. El auditor -un "acreditado profesional en su campo", según Zambudio- fue el jefe de una trama de blanqueo de capitales y comisiones en alcaldías catalanas. En julio de 2016 abonó una fianza de 150.000 euros para salir en libertad después de permanecer tres días de la cárcel tras ser detenido por liderar una supuesta trama de corrupción en varios ayuntamientos catalanes.
El día después de la rueda de prensa en que se le solicitó por parte de los medios de comunicación el informe de la auditoría, la consejera-delegada de la Sociedad de Desarrollo distribuyó, por fin, el estudio, de 35 páginas realizado por Gextiona. Con sede en la calle Callao de Lima, número 25, en Santa Cruz de Tenerife, esta sociedad se dio de alta el 22 de febrero de 2019, meses antes de recibir el encargo de la Sociedad de Desarrollo. Tras recibir el estudio Zambudio concluyó: "el 95% de los gastos suscritos por la Sociedad de_Desarrollo infringe la Ley de Contratos". A Zambudio le da igual que fuera solo una pequeña muestra, inferior al 20%, para llegar a la conclusión de que en la práctica todos los contratos eran ilegales.
El encargo de lo que Zambudio presenta como una auditoría, aunque no lo es, se hizo, según el objeto de contratación, para verificar la tramitación de los contratos de la Sociedad de Desarrollo, la comprobación de la aprobación del gasto de la empresa y el control de los contratos menores de obras. Sin embargo, los 21 profesionales que integran la plantilla de Gextiona no pueden ejecutar estas funciones bajo la matriz de esta empresa al no estar dada de alta en el registro oficial. EL_DÍA ha intentado conocer sin éxito la versión de los administradores de Gextiona 2018, SL, como está registrada oficialmente.
Al carecer de una licencia oficial para ejercer como auditora Gextiona ha tenido que subcontratar el informe encargado por Matilde Zambudio al auditor-censor jurado de Cuentas, Antonio Martos. En julio de 2016, Antonio Martos, responsable de la empresa Efial, permaneció detenido durante tres días en el marco de la operación Térmyca, que investigaba un entramado de blanqueo en torno a su consultora, involucrada en una supuesta trama de corrupción municipal. El pago de una fianza de 150.000 euros le permitió salir de la cárcel. A la consultora Efial se la investigó por delitos contra la administración pública, organización criminal, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas y fraude a las administraciones. En julio de 2016, El Periódico de Catalunya informó que la consultora Efial Consultoría SL -de la que es titular Antonio Martos- volvía a a estar implicada en una nueva operación contra la presunta corrupción en varios consistorios catalanes. La empresa fue creada en el 2007 por Antonio Martos, que procedía del Ayuntamiento de Barcelona, donde había ocupado entre el 2004 y el 2007 el cargo de director de Control de Gestión a los Servicios Centrales.
Pese a estos antecedentes, en la Cadena Ser, en el programa de Puchi Méndez, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo sostuvo que Antonio Martos le había remitido un auto para acreditar que no resultó ni imputado ni fue condenado por las supuestas tramas de corrupción para montar "ayuntamientos paralelos". Zambudio no envió con posterioridad ninguna documentación con la que demostrar como ciertas sus afirmaciones.
El informe firmado por Antonio Martos se distribuyó ayer, un día después de que lo presentara Zambudio, en folios con el logotipo de la empresa Gextiona, elegida después de pedir tres presupuestos al tratarse de un contrato menor -inferior a 15.000 euros-, según explicó la teniente de alcaldesa. El estudio al que Zambudio se refiere como auditoría se presentó como "Servicio de Asistencia Técnica para la Auditoría de Procedimientos de Contratación de la Sociedad de Desarrollo". La denominación de "asistencia técnica para la auditoría" evidencia ya que no se trata de una auditoría.
La consejera delegada evitó concretar la fecha de la contratación de la auditoría por deferencia, dijo, a un grupo municipal que ha solicitado el expediente. Zambudio se limitó a recordar que en agosto de 2019 dio cumplimiento al compromiso que adquirió en los primeros plenos tras tomar posesión al frente de la Sociedad de Desarrollo. Eso sí, insistió en que la contratación se realizó pidiendo tres presupuestos, "como se debe hacer y como ocurre" desde que está al frente del área de Promoción Económica. Tampoco en esta ocasión dio ningún dato que permitiera comprobar la veracidad de sus aseveraciones.
En la penúltima hoja del "Servicio de Asistencia Técnica para la Auditoría de Procedimientos de Contratación" de Gextiona, después de las conclusiones, no se incluye ningún número del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAD) del que carece, al no estar dado de alta, sino la firma digital del auditor Antonio Martos, que hace constar su DNI y el NIF de una tercera empresa, de su titularidad -Consultoría en Gestión Innovadora-, en la que se transformó la firma Efial, que estuvo investigada por desarrollar una trama de corrupción en Cataluña.
Los auditores consultados aseguran que el informe Zambudio no se puede considerar como una auditoría oficial de cuentas, sino un informe realizado por un auditor, y cuestionan su validez oficial, al asegurar que no solo la empresa no está dada de alta en el registro, sino que tampoco el autor del informe incluye su ROAD.
Un profesor del Grado de Derecho de la Universidad de La Laguna asegura que tras analizar el informe presentado, su objeto y contenido, no se puede sostener que el mismo sea un informe sometido a la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, por tanto, el firmante no tiene que identificarse con su número del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Es decir, no se puede considerar una auditoría de cuentas. Otro especialista consultado por este periódico precisó que el informe Zambudio se arma "con literatura enlatada", a excepción de las conclusiones, que se limitan a los últimos seis folios. Las auditorías de cuentas analizan los estados financieros y el estudio presentado por Gextiona y firmado por Antonio Martos solo se centra en las contrataciones durante los dos últimos años de la Sociedad de Desarrollo.
Intervención lo desconoce
La responsable de Fiscalización del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Elena González, desconoce que la Sociedad de Desarrollo encargara una auditoría. No ha participado en su redacción y, por supuesto, no la ha dirigido. De esta forma, el informe Zambudio fue contratado sin la participación de los funcionarios de escala nacional que de forma habitual tienen la encomienda del control contable y financiero de la gestión del Ayuntamiento, por lo que el estudio de Gextiona carece de la consideración de informe oficial.
Qué dice el informe Zambudio
El estudio de Antonio Martos se extiende en 36 folios, de los que dedica seis a conclusiones. La mayoría de los folios son mera descripción sobre el objeto del contrato, la justificación de la Sociedad de Desarrollo como empresa propia del Ayuntamiento y la obligación de cumplir en sus relaciones contractuales con los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y no discriminación, así como promover la gestión eficiente y el coste del servicio.
"Es cuestionable la necesidad de la Sociedad de Desarrollo para la gestión de servicios típicamente administrativos, y su funcionamiento pudiera responder a una forma de huida del Derecho Administrativo dado el régimen jurídico al que está sometida para proveerse de recursos tanto materiales como humanos y llevar a cabo su gestión", concluye en Martos. "Los procedimientos de contratación de servicios son discrecionales y desatienden en gran medida los mínimos requisitos de contratación pública por lo que se han abonado facturas que no corresponden al marco de las actuaciones objeto del encargo". El auditor precisa que la valoración de ofertas para la contratación no cumple los mínimos requisitos de concurrencia, disponiendo de un solo presupuesto en los contratos menores, sin adjuntar presupuestos comparativos. "La falta de transparencia y de gestión planificada contribuye al encarecimiento de los costes de los servicios contratados", concluye.
