La primera teniente de alcaldesa y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Matilde Zambudio, convocó ayer con urgencia una rueda de prensa extraordinaria y urgente para desvelar las conclusiones de la auditoría sobre la gestión de la Sociedad de Desarrollo en 2017 y 2018 que se había comprometido a encargar al inicio del mandato y que recibió el pasado fin de semana, a siete días de la moción de censura contra la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández. Esos fueron los motivos que explicó para informar sobre las conclusiones del informe de fiscalización, que no entregó, sin embargo, a los representantes de los medios de comunicación. A los periodistas Zambudio no les dio ningún documento con el que poder verificar las conclusiones de las que informó en su comparecencia pública. Pese a las reiteradas peticiones de este diario a la primera teniente de alcaldesa, desde el departamento que dirige no se facilitó ayer el documento que se comprometió, sin embargo, a trasladar a la fiscalía.
Matilde Zambudio comunicó que la labor de fiscalización contable y financiera sobre la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife se había encargado a una empresa externa, Gextiona, con sede en San Cristóbal de La Laguna, especializada en el análisis de procedimientos de contratación. La auditoría, que se negó a entregar a los periodistas, estaba firmada, según informó, por el auditor y censor jurado de Cuentas, Antonio Martos, "un acreditado profesional en su campo", según dijo, con sede en Barcelona.
El Registro Oficial de Auditores de Cuentas y Sociedades de Auditoría es público. Está en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Para poder ejercer como auditor es obligatorio estar inscrito en el mismo. En la barra de búsqueda de la página web se introduce el nombre de Antonio Martos y solo aparece una referencia: Antonio Martos Carrasco, registrado con el número 16.251 con domicilio profesional en la Avenida Diagonal 458 5ºB en Barcelona como socio de la Consultoría en Gestión Innovadora.
En España, según el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y Sociedades de Auditoría, no existe ningún otro Antonio Martos que ejerza como auditor. Este "acreditado profesional en su campo", como lo definió ayer Zambudio, ha sido noticia desde el año 2011 por diferentes casos de corrupción en ayuntamientos catalanes. Aparece, según las investigaciones judiciales y policiales, como el jefe de una trama de dedicada al blanqueo y al cobro de comisiones, en municipios de Cataluña, en su mayoría gobernados por Convèrgencia Democràtica.
En julio de 2016, Antonio Martos, responsable de la empresa Efial, permaneció detenido durante tres días en el marco de la operación Térmyca, que investigaba un entramado de blanqueo en torno a su consultora, involucrada en una supuesta trama de corrupción municipal. El pago de una fianza de 150.000 euros le permitió salir de la cárcel.
A la consultora Efial se la investigó por delitos contra la administración pública, organización criminal, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas y fraude a las administraciones.
Quién es Antonio Martos
En julio de 2016, El Periódico de Catalunya informó que la consultora Efial Consultoría SL -de la que es titular Antonio Martos- volvía a a estar implicada en una nueva operación contra la presunta corrupción en varios consistorios catalanes. La empresa fue creada en el 2007 por Antonio Martos, que procedía del Ayuntamiento de Barcelona, donde había ocupado entre el 2004 y el 2007 el cargo de director de Control de Gestión a los Servicios Centrales.
Martos estaba familiarizado con las instituciones catalanas, pues previamente había ejercido de director de Administración de Economía y Finanzas en la Societat Municipal de Barcelona Gestió Urbanística S.A y del Institut Municipal d'Urbanisme. Asimismo, también se encargó de asesorar económicamente a la Sindicatura de Comptes en materia urbanística, según informó hace cuatro años El Periódico de Catalunya.
Según consta en el sumario de la Operación Térmyca, la consultora de Antonio Martos -Efial- se infiltró en una veintena de municipios españoles -en su mayoría catalanes- para crear ayuntamientos paralelos: montaba entidades públicas que gestionaba después, lo que le permitía eludir los controles administrativos. Eso se tradujo en la firma de contratos millonarios con la connivencia de alcaldes, funcionarios e interventores; algunos de ellos recibieron dinero y favores como compensación, según la información pública por El País en abril de 2017.
El Periódico de Catalunya informó que en el 2014 la fiscalía ya apuntaba que Martos, por entonces gerente de la empresa pública municipal La Cala Gestió -constituida por el Ayuntamiento de L'Ametlla de Mar-, podría haber cometido un delito de actividades y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Meses antes, La Cala Gestió había adjudicado a la sociedad Efial dos contratos por importe de 464.500 y 396.965 euros.
En el año 2011, el consejo de administración de la empresa municipal Ascó Serveis adjudicó a Efial un contrato por importe de 351.750 euros. La presunta incompatibilidad apuntó de nuevo a Martos, director general de la empresa pública y, al mismo tiempo, presidente y máximo responsable de Efial.
El Ayuntamiento de Girona, por su parte, también adjudicó presuntamente seis contratos a dedo a la consultora entre el 2012 y el 2015, la etapa en la que Carles Puigdemont era alcalde. La Oficina Antifrau de Catalunya investiga si el consistorio favoreció a Efial, que cobró en total 113.000 euros por los servicios prestados.
En julio de 2016, la Guardia Civil llevó a cabo una investigación sobre el supuesto amaño de adjudicaciones públicas que se remontaban año 2014 y que se saldó con once detenidos por una trama de adjudicación de contratos públicos que supuestamente estarían amañados y que colocaban a la consultora Efial en el centro de la operación Térmyca. La empresa de Antonio Martos había participado en la presunta financiación irregular de CiU, según las investigaciones policiales y judiciales.
La policía sospecha que se trataba de un entramado de ingeniería financiera para, supuestamente, desviar fondos a Andorra. Antonio Martos, que trabajó en los años anteriores como director de Control de Gestión a los Servicios Centrales del Ayuntamiento de Barcelona, se le consideró el "ideólogo" de la trama de corrupción ya que era la persona que ofrecía a los ayuntamientos externalizar los servicios.
Zambudio anunció que, a la luz de los datos aportados por el informe económico auditor firmado por Antonio Martos, acudirá a la Fiscalía porque, según señaló, "el 95% de los gastos suscritos por la Sociedad de Desarrollo en los ejercicios 2017 y 2018 infringe la Ley de Contratos". El auditor también determina, según la primera teniente de alcalde, que las contrataciones se hicieron de manera discrecional y establece que, tal y como exige la ley del sector público, no se pedían tres presupuestos antes de contratar. "El 95% de los contratos no lo tenían o solo contaban con un presupuesto", concluye el censor de las cuentas según Matilde Zambudio.
La consejera delegada asegura que "el 95%" del gasto suscrito durante el mandato pasado contaba con ninguno o un único presupuesto. Con ello, se demuestra que las contrataciones fueron realizadas con discrecionalidad, saltándose de manera flagrante la Ley de Contratos del Sector Público", y continúa- "Con los resultados expuestos, se deja en evidencia, que la Sociedad de Desarrollo actuaba de manera sistemática y generalizada, como un chiringuito político donde prevalecía el dedazo frente a las directrices marcadas por la ley", precisó.
"Este modo de actuar supone que los contratos menores que se llevaron a cabo suponen un incremento en la contratación, porque estaban siempre gestionando a golpe de contrato menor lo que supone un incremento del precio y sería más factible atender a la ley de contratos del sector público porque supondría un ahorro en las contrataciones y eso no se hizo nunca en el período de análisis, años 2017 y 2018", asegura Matilde Zambudio a la luz del informe del auditor.
"Con los resultados expuestos se acredita que la Sociedad de Desarrollo mientas estuvo al frente Alfonso Cabello, cuyo máximo máximo responsable era el ex alcalde José Manuel Bermúdez, se actuaba de manera sistemática y generalizada como si fuera un chiringuito político, donde prevalecía el dedazo frente a la ley", añade la concejala haciendo suyo las conclusiones del auditor.
Asimismo, precisaba que durante el ejercicio 2017 se incoaron 38 expedientes sin presupuestos; 87 expedientes con solo un presupuesto; 15 con dos y 5 con tres. Y respecto al ejercicio 2018, se suscribieron 2 expedientes de contratación sin presupuesto, 48 con solo un presupuesto, 3 con dos y ningún contratos con los preceptivos tres presupuestos.
El panel de indicadores de la muestra analizada concluye que el 100% de las actuaciones administrativas previas contaban con informes de "necesidad inexistentes, insuficientes o no razonables con motivaciones inadecuadas", dijo la consejera de la Sociedad de Desarrollo. Al tiempo la auditoría también añade que, con estos graves incumplimientos, los contratos menores incrementaban sus costes por falta de concurrencia y el fraccionamiento del contrato, siempre según la versión de Matilde Zambudio.
