La alcaldesa la capital tinerfeña, la socialista Patricia Hernández, aseguró ayer que, a la luz de los informes que encargó junto al concejal de Servicios Públicos, el dinero que pagó Emmasa a Sacyr-Vallehermoso, "devolviendo la cuantía que había abonado por gestionar el agua, nunca tuvo que hacer salido de Emmasa".
En base al informe entregado el martes por funcionarios de la Asesoría Jurídica y la Intervención, la Junta de Gobierno ordenó ayer paralizar el pago anual de 2,3 millones de Emmasa a Sacyr y reclamar los casi 30 millones ingresados en virtud de la privatización de la empresa pública Emmasa, en 2007, en favor de Sacyr-Vallehermoso, a costa incluso de haber subido el recibo del agua a los chicharreros coincidiendo con una situación tan delicada", dijo.
"Mientras salían 2,3 millones de euros cada año para Sacyr, desde Emmasa se le subía la factura del agua a los chicharreros en épocas difíciles", explicó la regidora municipal, que anunció durante la visita a la presentación de la rehabilitación del polideportivo de Santa María del Mar.
La socialista aseguró que "no hay título habilitante, no se siguió el procedimiento, no lo dicen los pliegos, no lo dice el contrato... A Sacyr nunca se le tuvo que haber devuelto ese dinero; hemos parado la sangría. La Junta de Gobierno ha acordado hoy (por ayer) requerir a Emmasa para que no salga ni un céntimo más a Sacyr; dos, iniciar un procedimiento contradictorio en el que Emmasa y Sacyr tienen diez días para alegar lo que estimen conveniente, y luego el Consultivo tendrá que pronunciarse", añadió la regidora, que reiteré que "estamos seguros de nuestra posición y de la unanimidad del Ayuntamiento ante esta cuestión". "Se hace urgente que se sigue el procedimiento administrativo para anular ese acuerdo; en el caso de que haya conflicto con Sacyr se irá a los juzgados para en el Mercantil para anularlo y, no solo dejar de ingresar, sino devolver los casi 30 millones de euros que salieron de Emmasa a Sacyr, y por supuesto parar para que no lleguen a ser los 59 millones de euros", añadió Patricia Hernández.
"Los chicharreros tienen que saber que con estos números nunca se les tuvo que subir el agua porque las cuentas estaban bastante claras y las hicieron ocultas quieren decidieron desviar 2,3 millones de euros a Sacyr de la empresa Emmasa", añadió.
Esta situación se conoce desde el año 2017, "algo que no digo yo, porque yo no estaba, sino el servicio que es un funcionario público y que se lo puso en conocimiento de Dámaso Arteaga, presidente de Emmasa, que por supuesto lo puso en conocimiento de José Manuel Bermúdez; nadie se creería que no se lo comunicara", continuó la alcaldesa de Santa Cruz, y precisó que esto fue ratificado en octubre de 2018 es avalado por un auditor". Patricia Hernández dejó en el aire una pregunta: "¿Qué ganaba Santa Cruz para que sin título habilitante, sin que medie informe del secretario ni del interventor, se desvíen 2,3 millones al año para Sacyr de Emmasa". "A parte del expolio, la consecuencia es que se sube la tarifa del agua para compensar el desembolso", dijo.
Pregunta de Díaz Guerra (PP). Guillermo Díaz Guerra, líder del PP y virtual concejal de Servicios Públicos si propera la moción de censura, presentó el jueves una pregunta por registro municipal en el que se interesa por el informe que dice tener el grupo de Gobierno sobre la gestión realizada en en los últimos años en Emmasa sobre el canon. En el escrito, el dirigente del Partido Popular interpreta a los gobernantes "¿qué ilícitos penales concluyen los letrados y técnicos municipales, en dichos informes, se han cometido en la gestión de EMMASA en los últimos años?".
Inversiones pendientes. Sí Se Puede, que formó parte de la Corporación en los dos mandatos comprendidos en 2011 y 2019, aseguró que su exconcejal Pedro Fernández Arcila alertó en estos períodos, cuando CC gobernaba con PSOE y PP, sobre las irregularidades cometidas en Emmasa.
"A los millones devueltos ilegalmente a la matriz de la multinacional por la aportación que Sacyr debía hacer al ayuntamiento en concepto de canon -valorados en 2,3 millones al año-, Sí Se Puede añade otros 45 millones que se deben por inversiones no ejecutadas, otros 10 por reparaciones no realizadas y 17 por subcontrataciones ilegales, según contabilizar durante su investigación de la gestión de Sacyr en Emmasa", añadió.
