"Retiraremos la denuncia contra Plasencia. Nuestra intención no es que alguien acabe en la cárcel, sino cobrar", señaló ayer la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, después de dejar claro que "desde que se firme el convenio, seremos los propietarios del edificio" donde se encuentra la Consejería de Educación del Gobierno canario. La regidora reconoce al Ejecutivo regional "un derecho consolidado con opción a compra, que también subrogamos. Ellos mantienen sus derechos y obligaciones con Plasencia y nosotros seremos los beneficiarios".

Patricia Hernández respondía en Radio Marca al acuerdo alcanzado con la familia del empresario Antonio Plasencia para recuperar el dinero del caso Las Teresitas. "El mérito de la anterior corporación en este asunto es cero. No hicieron nada para recuperar el dinero, más bien todo lo contrario. Ni siquiera exigieron la ejecución de la sentencia de principios de 2019", enfatizó la alcaldesa.

Cabe recordar que en ese acuerdo está incluido el edificio de oficinas que el empresario, hoy en prisión, tiene en Cabo Llanos y al que el gobierno insular anterior pretendió trasladar a los usuarios del Febles Campos. "Queremos que la plaza de ese edificio lleve el nombre de la fiscal Farnés. Durante este proceso ha sido vilipendiada y seguro que no lo ha pasado bien. Es un homenaje a los que han logrado recuperar este dinero. Es la culminación del trabajo de mucha gente", resaltó.