El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantiene la moratoria del alquiler en las 1.100 viviendas municipales mientras dure el estado de alarma por la crisis del coronavirus Covid-19. Así lo señala la concejal responsable del área, la socialista Marta Arocha, quien apunta que las personas en régimen de alquiler en las viviendas de titularidad municipal se benefician de oficio de esta medida. Asimismo, la edil comenta que también pueden solicitar al Consistorio chicharrero una exoneración del pago si han quedado en situación de vulnerabilidad económica a causa de la crisis sanitaria.

"El Ayuntamiento no está procediendo al cobro de la renta a las personas que residen en alguna de las 1.100 viviendas en arrendamiento que son de titularidad municipal. Estos importes han quedado aplazados de manera automática y sin previa presentación de solicitud mientras dure el estado de alarma y sus prórrogas. Esta moratoria o aplazamiento se podrá extender por un año o un tiempo mayor, dependiendo de la situación económica de las personas", ha explicado la concejal.

Arocha destaca que la prioridad del Ayuntamiento de Santa Cruz y de su alcaldesa, la socialista Patricia Hernández, es "reducir al máximo entre los vecinos del municipio los efectos de la crisis derivada de la emergencia sanitaria" y, con esa finalidad, a la moratoria "se suma la posibilidad de que las familias o las personas que han quedado en situación de vulnerabilidad económica a causa de las actuales circunstancias puedan verse exoneradas de manera extraordinaria y temporal del pago de la renta de las viviendas de titularidad municipal".

Los requisitos para beneficiarse de esta exoneración son que "pasen a estar en situación de desempleo, hayan sido afectados por un Expediente Temporal de Empleo (ERTE) o por una reducción de jornada por motivos de cuidados o circunstancias similares, que supongan una pérdida sustancial de ingresos". Eso sí, los ingresos de la unidad familiar no pueden superar, con carácter general, el límite de tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Asimismo, Arocha manifiesta que se tiene en cuenta "la existencia de hijos a cargo, mayores de 65 años, discapacidad superior al 33% y situación de dependencia o enfermedad que incapacite permanentemente la actividad laboral". Esta medida podrá ser prorrogable mes a mes, si se mantiene la situación de vulnerabilidad económica, mientras dure el estado de alarma.