El pleno telemático y semipresencial que, por primera vez en su historia, y entre algunos fallos técnicos, celebró ayer el Ayuntamiento de la capital aprobó por unanimidad una serie de medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus Covid-19 en el municipio. Las acciones se recogen en una moción institucional, consensuada por todos los grupos políticos del Consistorio, bajo el título Santa Cruz ante una nueva realidad. Entre estas se encuentran la reorientación de los gastos de la Corporación para tejer una red de seguridad que proteja a los ciudadanos, con especial atención a los más vulnerables; la posible exención del cobro de tasas de nuevas licencias de obra y construcción, así como de las nuevas licencias de apertura que se soliciten en el segundo semestre del 2020; la apuesta "valiente" por la peatonalización de las calles; y la modificación de las ordenanzas municipales para facilitar la recuperación económica y social de la capital.

"Este documento ha sido elaborado con una vocación de consenso con todos los agentes del municipio y busca analizar, por parte del Ayuntamiento, el futuro de la ciudad tras la crisis sanitaria. Se trata, además, de un documento vivo y abierto a posibles aportaciones de cualquier sector del municipio, para lograr que el conjunto de la ciudadanía salga más fuerte de esta situación", se indica en la moción institucional. El grupo de Gobierno, formado por el PSOE y Cs, destacó que este es un "gran acuerdo para la capital, totalmente necesario para que Santa Cruz pueda recuperarse". Por su parte, los partidos de la oposición CC y PP, a pesar de que las medidas fueron consensuadas y de que se aprobaron por unanimidad, aseguraron ayer en el pleno que estas son insuficientes. Precisamente, ambos grupos presentaron mociones "con más actuaciones, y más concretas, dirigidas a la recuperación del municipio", pero estas fueran rechazadas.

El documento que finalmente marcará la hoja de ruta para emprender la reactivación económica y social de Santa Cruz también recoge la modificación del presupuesto municipal para atender las nuevas necesidades; el incremento del endeudamiento para garantizar las inversiones en la ciudad; la modificación de los procedimientos administrativos para agilizarlos; el establecimiento de un nuevo modelo de atención social, adaptándolo a la emergencia actual y revisando los criterios de concesión actual de bases y ayuda; la creación de una oficina técnica de apoyo al comercio de proximidad; y el fomento de nuevos espacios públicos de calidad para los ciudadanos, recuperando zonas degradadas y garantizando nuevas dotaciones públicas.

En este esperado pleno, pues el Ayuntamiento chicharrero llevaba ya dos meses sin convocar una sesión, debido al confinamiento por el estado de alarma y a las dificultades tecnológicas que, según ha indicado el equipo de Gobierno, existían para llevar a cabo un pleno telemático, también se trató el expediente relativo a la renuncia del edil de Urbanismo e Infraestructuras, Juan Ramón Lazcano, de Cs; se dio el visto bueno a la ordenanza de Publicidad Exterior; y se acordó recuperar la convocatoria del Consejo Social, eliminado su "sesgo clasista", entre otros asuntos.

Renuncia de Lazcano. El pleno hizo efectiva ayer la renuncia al cargo de concejal de Juan Ramón Lazcano, de Cs, presentada por este hace más de un mes. Todos los portavoces de los grupos municipales, del Gobierno y de la oposición, agradecieron el trabajo desempañado por este al frente de las áreas de Infraestructura y Urbanismo, incluida su compañera Matilde Zambudio, con la que la relación ya no era demasiado fluida. El PP instó al Ayuntamiento a celebrar un pleno extraordinario justo al día siguiente de que se reciba la credencial por parte de la Junta Electoral para que la nueva edil de Cs, Evelyn Alonso, tome posesión.

Ordenanza de Publicidad Exterior. El pleno dio el visto bueno a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la Publicidad Exterior, normativa que, entre otras cuestiones, prohibirá su reparto en las calles, así como en edificios y su difusión sonora. Con esta ordenanza también se eliminará la publicidad sexista en el municipio. Las sanciones recogidas en la nueva norma oscilan entre los 750 y 3.000 euros.

Consejo Social. Se aprobó, por unanimidad y a raíz de una moción presentada por el concejal del PP Carlos Tarife, llevar a cabo la modificación del reglamento del Consejo Social de la ciudad, con el fin de hacerlo más representativo y abrirlo a la participación de más sectores de la sociedad. Se creará un grupo de trabajo integrado por todos los grupos municipales, que se encargarán de revisar y elaborar un nuevo reglamento para este órgano consultivo para convertirlo en una herramienta más participativa y democrática. El portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, celebró la iniciativa porque así "se eliminará el sesgo clasista que tenía este órgano de participación, pues en él no estaban representadas todos los sectores de la sociedad, sino personas con un elevado poder adquisitivo".

Superávit. El pleno aprobó, a raíz de una moción presentada por el portavoz del PP, Guillermo Díaz Guerra, instar al Estado a flexibilizar las reglas para que las entidades locales puedan utilizar sus superávits para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, siempre en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Estado. Asimismo, se solicitará también que se flexibilicen los criterios de endeudamiento para los ayuntamientos que han utilizado su tesorería para reducir la deuda.

Atención telefónica. Se acordó, a raíz de una moción de CC, mejorar el servicio de atención telefónica del área de Atención Social.