La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz ha ordenado a los propietarios del edificio situado en el número 25 de la avenida de Anaga, número 27, según la referencia catastral, que en un plazo máximo de 48 horas adopten medidas de seguridad en el mismo. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el responsable del citado inmueble es la entidad mercantil Crédito Agrícola Comercial e Industrial de Tenerife, empresa a la que va dirigida la notificación.

Las medidas de seguridad que dicha entidad debe llevar a cabo consisten en la revisión exhaustiva del exterior de la fachada "a cargo de técnicos competentes". "Se deberán examinar carpintería, cerrajería, barandillas, salientes y cornisas, así como los revestimientos exteriores del edificio", establece en la resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de la capital. Asimismo, se tendrá que instalar una red de protección "con malla adherida anticascotes debidamente anclada, que evite o prevenga de cualquier desprendimiento de material hacia la vía pública".

Una vez realizados los trabajos, los propietarios del inmueble deberán presentar, en un plazo de 5 días, un certificado de idoneidad de las medidas de seguridad adoptadas, en el que se acredite la suficiencia, efectividad y correcta instalación de las mismas, "para garantizar en todo momento la seguridad de personas y bienes".

Por otro lado, la Gerencia de Urbanismo advierte a "Crédito Agrícola Comercial e Industrial de Tenerife que el incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la Corporación municipal para proceder a la ejecución subsidiaria, siendo los gastos que se ocasiones a su costa, pudiéndose utilizar para el reintegro de los mismos el procedimiento de apremio; y a la imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del 10 % del coste estimado de las obras ordenadas".

"En el caso de que esta administración aprecie incumplimiento de dichos deberes de conservación" en el inmueble, "podrá incoarse el correspondiente expediente sancionador, pudiendo imponer una multa de entre 6.001 a 150.000 euros", señala la Gerencia de Urbanismo.