La Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Santa Cruz en conflicto que mantiene desde hace varios años con la empresa Desurcic, filial de Mapfre, a cuenta de la paralización de la urbanización del conocido como Valle de Las Huertas, en la trasera de la playa de Las Teresitas.
En una reciente sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestima el recurso de apelación interpuesto por la citada compañía contra otro fallo anterior, de junio de 2019, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1, que ya respaldaba la decisión del Consistorio.
Aunque aún no es firme, pues ante ella cabe la posibilidad de presentar recurso de casación, el TSJC desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Desurcic al Ayuntamiento capitalino por una cuantía cercana a los 44 millones de euros de principal, por los supuestos daños ocasionados tras la paralización de las obras de urbanización del Valle de Las Huertas y Montaña Morera, en San Andrés.
Como se recordará, la filial de la multinacional Mapfre adquirió, a comienzos de 2006, a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González buena parte del parcelario de la trasera de la Playa de Las Teresitas por un precio de 92 millones de euros.
Paralización en 2011
La paralización de las obras de urbanización del Valle de Las Huertas se produjo por orden José Ángel Martín en septiembre de 2011, cuando era concejal de Urbanismo, alegando que las obras ejecutadas y por ejecutar en el vial 1 definían unas alineaciones, en ambos márgenes, que no se correspondían con las que fijaba el planeamiento vigente en ese momento.
El Tribunal hace énfasis ahora en que el proyecto de compensación aprobado en 1989 quedó anulado por sentencia firme de 13 de julio de 2007, sin que desde entonces haya sido aprobada una nueva equidistribución de beneficios y cargas.
Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo, "la ausencia de proyecto de compensación desde la fecha de comunicación de la sentencia citada es determinante de la imposibilidad de continuar con las obras de urbanización".
"A la ausencia de proyecto de compensación no es ajena la apelante Desurcic, ya que es miembro de la Junta de Compensación, órgano encargado de elaborar el dicho proyecto? más aún, es el miembro con mayor participación y por tanto debería impulsar en el seno de dicha Junta la aprobación del imprescindible proyecto de compensación", continúa la sentencia del TSJC.
Precisamente, este fue el motivo por el que Desurcic fue convocada en octubre de 2014 a la Asamblea General de la Junta de Compensación del Polígono de Las Teresitas, presidida por el hoy concejal de Servicios Públicos, por subrogación de los miembros electos de la Junta, los cuales se encontraban en situación de rebeldía.
En aquel momento, la compañía decidió no comparecer a dicha Asamblea de la Junta de Compensación y optó por recurrir la convocatoria y los acuerdos que allí se adoptaron, corriendo tales recursos la misma suerte desestimatoria que el recurso que acaba de fallar el TSJC. Este episodio es recordado en la sentencia y sirve de fundamento a la Sala para motivar la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por Desurcic.
El punto de partida
El punto de partida de la cuestión controvertida es situado por el Tribunal en el convenio urbanístico suscrito en octubre de 2001 entre el Ayuntamiento de Santa Cruz, la Junta de Compensación "Playa de Las Teresitas" y la entidad Inversiones Las Teresitas SL, propiedad de Plasencia y González, por cuya firma terminaron condenados por la comisión de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, junto al exalcalde de la ciudad, Miguel Zerolo, y otros funcionarios y autoridades municipales.
Según avanzó ayer el Gobierno municipal, los Servicios Jurídicos de la Corporación analizan en estos momentos la viabilidad de proceder a la revisión de oficio del acto de aprobación del citado convenio, a raíz de que se haya confirmado la sentencia de 27 de abril de 2017 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, por la que se declara que dicho negocio es constitutivo de delito.
En 2018, desde el gobierno que formaban CC y PP se reconoció que existían muchas posibilidades de que la demanda de Desurcic saliera adelante, sobre todo por la existencia de un informe del Consejo Consultivo que favorable a los intereses de la empresa.
