Los diputados nacionalistas por la isla de Tenerife, Rosa Dávila, José Alberto Díaz-Estébanez y Socorro Beato, acusan al Gobierno de Canarias de "haber mirado para otro lado" ante la alerta sanitaria por calima decretada el pasado 23 de febrero y por no haber intervenido, en virtud del artículo 25 de la Ley de Ordenación Sanitaria, para suspender la celebración del Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife, ya que el Ayuntamiento chicharrero "no dio la respuesta adecuada".

Dávila, Díaz-Estébanez y Beato anunciaron ayer, en una rueda de prensa, que han solicitado todos los informes y documentación relacionadas con las decisiones que se tomaron durante el Carnaval de Día, "desde las previsiones meteorológicas, las mediciones de calidad de aire, las declaraciones de alerta, y las comunicaciones que se produjeron entre las administraciones". Asimismo, han pedido la comparecencia en el próximo pleno del consejero regional de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena. Y es que, según los diputados de CC, "se puso en riesgo a la población que estaba en ese momento en la calle, ya que la calidad del aire estaba calificada con valores peligrosos".

"No entendemos que la Consejería de Educación suspendiera las clases para el día 24 y que el Carnaval de Día, del día 23, se llevase a cabo. Además, había una alerta por vientos y prealerta por fenómenos costeros y por incendios, y la celebración de dicha fiesta implicaba miles de desplazamientos desde otros municipios de la Isla", apuntaron.

Para los diputados nacionalistas por Tenerife, el Gobierno canario "no actuó" ante el fenómeno de calima que "padecíamos en la Isla" y el Ayuntamiento de Santa Cruz "no dio la respuesta adecuada". Y, además, agregaron, "ambas administraciones ofrecen versiones contradictorias".

Señalaron que la alcaldesa, la socialista Patricia Hernández, no puede "parapetarse" ante los miles de ciudadanos que, "siguiendo las indicaciones del Ayuntamiento, salieron a disfrutar del Carnaval". "Ellos no tienen la responsabilidad. La tiene quien decide, en contra de las recomendaciones de la alerta y contra toda lógica, mantener un acto en unas condiciones de alto riesgo para la salud", añadieron. Dávila, Díaz-Estébanez y Beato esperan "clarificar si hubo inacción del Gobierno o irresponsabilidad de la alcaldesa".