Los vecinos del entorno de Los Gladiolos y Azorín y los partidos de la oposición en Santa Cruz, Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Unidas Podemos (UP), acogieron ayer con cautela y resignación la conversión de una parte de la antigua cárcel Tenerife I en centro de acogida para mujeres inmigrantes con hijos y embarazadas.
Tras adelantar este periódico que el Ministerio de Interior ha trasladado allí a las primeras 38 personas -24 mujeres, siete de ellas embarazadas, y 14 niños-, José Luis Guzmán, presidente de la asociación de vecinos Azorín, se quejó de la poca información que han recibido los residentes por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, y, en concreto, a través del concejal del distrito. "No debe ser la responsable de Cruz Roja la que diga que no va a haber problemas", reiteró.
Guzmán sostuvo que no se informó "previamente" a los vecinos de la posibilidad de que esta zona acogiera un nuevo recurso social -en ella ya está el Centro Municipal de Acogida-, pero recalcó que "ahora que ya está funcionando vamos a ser cautos y queremos que todo vaya bien". Eso sí, advirtió de que "si pasara algo, volveremos a recordarles lo que ya hemos dicho".
El presidente de la AV Azorín subrayó que "no cree" en la reconcentración de personas como fórmula para integrarlas en la sociedad, aunque reconoció que "le da confianza" que sea Cruz Roja la encargada de garantizar la atención de las mujeres, algunas embarazadas, y niños inmigrantes.
En esta línea, el presidente del grupo Nacionalista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, manifestó sus dudas sobre el tipo de centro habilitado en Tenerife I, y recalcó que si se trata de un centro de acogida "es algo que nosotros hemos pedido para que se atienda a las personas que quedan en la calle tras pasar el periodo legal correspondiente".
No obstante, indicó que "sorprende" y "no parece lógico" que se escoja siempre la misma zona del municipio e, incluso, de Tenerife, para albergar ese tipo de recursos de acogida. "No nos parece adecuado concentrar todo en la misma zona", apuntó .
Mejor pisos tutelados
Al respecto, el dirigente nacionalista recordó también el rechazo mostrado por los sindicatos CSIF, CCOO y UGT a que una instalación penitenciaria se utilizara para otras cosas. "Y nosotros también creemos que no parece lo más lógico que un centro penitenciario sea un centro de acogida. Lo lógico sería buscar otros recursos, como pisos tutelados, que faciliten la integración de estas personas", añadió.
Más crítico se mostró el portavoz del grupo Popular, Guillermo Díaz Guerra, quien lamentó el "ocultismo" con el que ha actuado el Ministerio de Interior. "No hay que olvidar que ese centro al que se ha trasladado, con nocturnidad, a varias personas durante los últimos días fue diseñado para mujeres con hijos que cumplieran penas penitenciarias", detalló. "Ahora se está atendiendo a personas de las que desconocemos su procedencia, su situación administrativa, si son inmigrantes irregulares, si han venido en patera o si ya estaban en territorio español, si tienen procedimientos de expulsión...", aseveró Díaz Guerra.
En este sentido, el portavoz municipal del PP recalcó que también desconocen si Santa Cruz será el centro de todas las madres con hijos inmigrantes irregulares de toda Canarias o de toda España. "Hay demasiadas cosas que se están ocultando, aunque nos alegramos de que personas desfavorecidas estén siendo atendidas", puntualizó.
El dirigente popular insistió en que quieren saber en qué términos se ha firmado el acuerdo con Cruz Roja. "Queremos que se trabaje con transparencia y que se nos informe de lo que se está haciendo dentro del municipio de Santa Cruz", añadió Díaz Guerra, una exigencia que trasladó a la alcaldesa de la capital, Patricia Hernández.
Confirmar que no es un CIE
Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos, por su parte, que también había rechazado en un principio la idea de convertir la antigua prisión de la avenida Benito Pérez Armas en un CIE, afirmó ayer, tras visitar el nuevo recurso, que las personas que en él conviven gozan de un régimen de libertad, con la gestión de Cruz Roja y con buenas condiciones de atención profesionales y materiales.
No obstante, Trujillo lamentó que las instalaciones de Tenerife I, reformadas desde 2012, no hubieran sido destinadas a las presas embarazadas, o con menores de tres años a su cargo, como se había previsto inicialmente.
Precisamente, UP llevará a pleno en los próximos meses una propuesta de moción institucional para que el Ayuntamiento de Santa Cruz exija al Estado habilitar de inmediato instalaciones adecuadas en Tenerife para presas embarazadas, o con menores de tres años a su cargo, y, al mismo tiempo, seguir proporcionando condiciones de acogida dignas a las mujeres que recalan en las Islas.
Por último, el portavoz del grupo de Gobierno municipal, José Ángel Martín, reconoció en la C adena Cope que hasta que visitaron el inmueble, hace unos días, estaban "preocupados" con la posibilidad de que pudiera convertirse en un CIE. "Es un centro de acogida temporal para madres inmigrantes con hijos menores y embarazadas", corroboró.
"Con estas características nos parece que es un centro que realiza una labor social y, por lo tanto, entra dentro de los parámetros normales. Eso es lo que pedimos en el último pleno todos los grupos políticos", comentó.
El concejal detalló que, en principio, es un recurso para una estancia "temporal" de entre 18 y 24 meses, por lo que no tiene "nada que ver" con trámites para la expulsión, como sí ocurre en los CIE.
El portavoz recalcó que se trata de un inmueble "absolutamente preparado", con unas condiciones "espectaculares" en cuanto a equipamientos. Dispone de lavandería y cocina industriales y las habitaciones están perfectas.
Según detalló este martes la presidenta provincial de Cruz Roja, Mayte Pociello, el centro para mujeres inmigrantes con niños tiene capacidad para 185 personas.
