El Ministerio del Interior ha desafectado el módulo de la Unidad de Mujeres del antigua cárcel de Tenerife 1 para convertirlo en recurso de acogida para mujeres migrantes embarazadas o con hijos en situación irregular, según confirmó ayer el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a la conclusión del pleno celebrado ayer.

De esta manera se confirma que el Ministerio del Interior mantiene su iniciativa de habilitar el centro, tal y como anunció el pasado día 13, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ante el ministro Fernando Marlaska. Ese día adelantaba que se abriría de manera "inminente".

La confirmación de Martín vino como consecuencia de la intervención previa del concejal de Unidas Podemos (UP) Ramón Trujillo, que dijo que el Ministerio del Interior había "desafectado" el módulo de la Unidad de Mujeres para convertirlo en un recurso para acoger a mujeres migrantes.

En este caso, Martín resaltó el matiz de que el antiguo centro penitenciario "no se va a convertir en un Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE)", ya que será gestionado por Cruz Roja y no tendría custodia policial. No aclaró si la infraestructura acogería a mujeres sin papeles durante un periodo legal de internamiento (60 días) o después de mantener la situación, pero ya con la libertad de movimientos.

Así lo destacó el socialista en una sesión plenaria en la que se trataron un total de 36 asuntos y se dio respuesta a una moción defendida por el concejal de CC, Dámaso Arteaga, cuya formación, al igual que el PP, se opuso a la reapertura de Tenerife 1 como centro para inmigrantes.

Fue la intervención sindical del presidente en Canarias del sector de la Administración del Estado del CSIF, Bernardo Fernández, en nombre también de CCOO y UGT, la que llevó el debate al foro al señalar que el módulo de la Unidad de Mujeres se estaba dotando de 70 literas, "que dudamos que sean para madres con hijos" cuando ya cuenta con los servicios de office, cocina, cunas y camas, dijo.

Fue después de esta intervención cuando Trujillo (UP) adelantaba que Interior había desafectado el módulo de mujeres como centro penitenciario e introducía que su desafectación coincidía con el problema de las mujeres canarias que tienen penas, embarazadas o con hijos, que tienen que ser desplazadas a cárceles de la Península. Fue un dato que Martín "desconocía por completo", confesó.

Este adelanto de Trujillo fue el que provocó que se elevara el tono del debate y fijara de una manera más firme los posicionamientos de CC y PP en señalar que Interior "lo que ha creado es un CIE" y que por parte del PSOE ha existido una escasa información sobre el asunto.

"Es un recurso penitenciario que se va a transformar para la acoger inmigrantes. Es un CIE encubierto", afirmó Arteaga (CC), mientras que el portavoz del PP, Guillermo Díaz Guerra, destacaba que ese centro o ese recurso "se puede llamar como se quiera, pero si acoge a mujeres inmigrantes en situación de irregularidad, la custodia tiene que ser de la Policía Nacional y en todo caso, Cruz Roja asistiría, nunca gestionaría", denunció.

De nada sirvió que Martín negara la mayor y explicara en reiteradas ocasiones que Cruz Roja gestionaría "un recurso" en el módulo desafectado que no tiene nada que ver con CIE, tal y como defendían nacionalistas y populares.

A pesar de las diferencias, los portavoces intentaron consensuar una declaración al respecto, pero fue imposible, con lo que CC mantuvo un texto que fue rechazado por la mayoría del PSOE-Cs con el apoyo de UP, quien propuso finalmente crear una comisión entre los partidos políticos representados en el pleno para visitar Tenerife 1 cuando acoja el recurso con el objetivo de verificar que no cumple con las características de un centro de internamiento. Un debate que a buen seguro volverá a ser objeto de crispación.

E 358 viviendas de Añaza. Se trató, además, los problemas por los que atraviesan los inquilinos de las 358 viviendas de Añaza, cuya situación no ha quedado resuelta a pesar de que fueron adquiridas por el Gobierno de Canarias con el objetivo de facilitar la regularización de las familias que allí residen, denunció el concejal de CC Javier Rivero.

La concejal de Vivienda, Marta Arocha, señaló que los vecinos han tenido toda la ayuda posible teniendo en cuenta que las viviendas son de Visocan, con lo que queda limitada su intervención. No obstante, el foro aprobó por unanimidad instar a Visocan y al Instituto Canario de la Vivienda "a ofrecer información y establecer un calendario de reuniones con los vecinos", siempre teniendo en cuenta la participación del Ayuntamiento para tener el seguimiento preciso, aprobaron todos los grupos representados.