Un total de 54 trabajadores interinos del Ayuntamiento de Santa Cruz han acudido a la vía judicial para reclamar la fijeza en sus puestos de trabajo. Entre los reclamantes hay empleados de varios servicios municipales, algunos de los cuales trabajan en el Consistorio de la capital desde hace más de 20 años.
Según expuso ayer José Luis Arias Machuca, del despacho Arias Machuca Asesores-Abogados, los argumentos esgrimidos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el que se ha presentado la demanda, no solo tienen relación con la sentencia que, el próximo 19 de marzo, emitirá el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la situación laboral de más de 800.000 empleados públicos en España sometidos, hasta ahora, a un régimen de despido libre y gratuito, sino también porque se entiende que existe "un quiebro legal" en la legislación española en relación con estos empleados públicos.
"Apoyándonos en ese quiebro y en esa desigualdad estamos solicitando la fijeza", indicó el letrado. También aclaró que después de "aunar" conocimientos de derecho administrativo y laboral están convencidos de que tienen una "base fáctica y jurídica".
"No se trata de entrar de una manera fraudulenta a la Administración, sino todo lo contrario, regularizar una situación fraudulenta que se viene manteniendo, en algunos casos, durante más de 20 años", recalcó Arias Machuca, quien recordó que los trabajadores que ahora están reclamando un puesto de trabajo digno y la estabilidad de su empleo han superado ya una prueba de oposición".
Además de los empleados del Consistorio de la capital, a estos argumentos jurídicos se han sumado empleados del Cabildo de Tenerife
Según las denuncias públicas que han formulado las organizaciones sindicales en el Ayuntamiento durante los últimos años, el personal laboral no fijo y los funcionarios interinos del Ayuntamiento de Santa Cruz superan el 30% de la plantilla con una antigüedad media de 10 años. En algunos servicios, incluso, este porcentaje alcanza del 80%.
Sepca, IC, UGT y Comisiones Obreras han recalcado en varias ocasiones que el Consistorio no ha cumplido con la obligación legal que tenía para sacar estas plazas a los tres años de estar ocupadas por dicho personal.
Los interinos y el personal laboral han manifestado que se encuentran en esta situación debido al fraude de ley asumido por el Ayuntamiento, ya que muchos de ellos han llegado a este punto tras haber superado distintos procesos selectivos, también después de haber accedido a listas de reserva o por sentencia judicial.
El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea resolverá el próximo 19 de marzo si la contratación temporal de los empleados públicos del país vulnera la normativa comunitaria. Además, deberá dictaminar si la Administración, como sanción a las irregularidades cometidas, debe transformar estos empleados públicos temporales en empleados fijos y funcionarios de carrera y compensarles por su contratación temporal fraudulenta.
