Riesgo inminente en un inmueble de Anaga con planchas de amianto

El citado organismo municipal da un plazo máximo de dos semanas a los propietarios de esta construcción abandonada para que intervengan en la misma. En primer lugar, la Gerencia de Urbanismo ordena que se lleve a cabo un "cerramiento de seguridad de cualquier hueco o acceso por el que puedan entrar personas a este inmueble, mediante tapiado con bloques de hormigón vibrado o medio equivalente". Eso sí, y según se indica en el expediente, "se deberá dejar un acceso para que se puedan efectuar labores de limpieza y desescombro".

En segundo lugar, los propietarios de este inmueble deben efectuar "la oportuna tramitación de los títulos habilitantes necesarios de cara a que se eliminen y gestionen adecuadamente los residuos de planchas prefabricadas, tipo uralita, que se encuentran disgregadas por toda esta edificación en estado de abandono".

Inhalación

En este sentido, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se informa de que los restos de planchas prefabricadas que se encuentran en esta construcción "contienen fibras de amianto", cuya demolición, retirada, tratamiento y gestión de residuos "deberá efectuarse de conformidad con la normativa vigente de aplicación, debido al riesgo que conlleva la inhalación de estas fibras".

"Nos remitimos al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y al Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto", se señala en la notificación remitida a los propietarios de esta edificación situada en el Parque Rural de Anaga.

La Gerencia Municipal de Urbanismo advierte de que las medidas de seguridad que se ejecuten deberán "estar dirigidas, diseñadas y supervisadas a cargo de técnicos competentes". Asimismo, una vez que se realicen los trabajos ordenados, se tendrá que presentar, en un plazo de cinco días desde que las medidas de seguridad se lleven a cabo, un certificado de idoneidad de las mismas, en el que "se acredite la suficiencia, efectividad y correcta instalación de las medidas, para garantizar en todo momento la seguridad de personas y bienes". Urbanismo estima que el valor total de los trabajos asciende a unos 31.000 euros.

Además de la ejecución inmediata de medidas de seguridad, los dueños del inmueble, identificados en la notificación de Urbanismo con dos D.N.I., tendrán también que acometer, "en virtud del deber de conservación en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, las actuaciones de mantenimiento y rehabilitación necesaria del mismo", previa obtención de los correspondientes títulos habilitantes".

Multas

En la notificación remitida a los propietarios de este inmueble, la Gerencia Municipal de Urbanismo también les avisa de que el incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará al Ayuntamiento de Santa Cruz para proceder a la ejecución subsidiaria a costa de los obligados, "siendo los gastos que se ocasiones a su costa, pudiéndose utilizar para el reintegro de los mismos el procedimiento de apremio", y a la imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, "cada una de ellas, del 10% del coste estimado de las obras ordenadas".

Asimismo, y en el caso de que "la administración aprecie incumplimiento de dichos deberes de conservación, podrá incoarse el correspondiente expediente sancionador por comisión de infracción grave", pudiendo imponer una multa de entre 6.001 y 150.000 euros.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha dado traslado de esta resolución al Servicio Administrativo de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y a la Oficina del Distrito Anaga del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para "su conocimiento y efectos". Contra la citada resolución administrativa se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes.