CC propone crear una oficina de gestión para las 358 viviendas de Añaza

A través de una moción que defenderá el concejal Javier Rivero, la formación nacionalista también pedirá que se inicien los trámites administrativos oportunos para la ampliación del número de viviendas recogidas en el convenio suscrito entre el Ejecutivo regional y el Consistorio destinadas a alquiler social.

Rivero recuerda que ha transcurrido un año desde que se formalizó la adquisición de las mencionadas 358 viviendas por parte del Gobierno de Canaris, a través de Visocan. Sin embargo, los arrendatarios y ocupantes continúan sin formalizar la totalidad de los contratos, puesto que se han encontrado con el incumplimiento de diferentes compromisos, como, por ejemplo, la adaptación de la renta a la situación específica de la unidad familiar. La exigencia del cobro de la deuda es otro de los motivos por los que los vecinos afectadas esperan por la firma de los contratos.

No obstante, afirma el concejal, es la "ausencia de información y respuesta" por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno regional lo que más preocupa a los vecinos, que solo han conseguido comunicarse con la directora del Instituto Canario de la Vivienda, María Isabel Santana, a través de una emisora de radio, en la que recomendó de momento a los inquilinos "no firmar" los contratos.

Rivero recuerda también que en diciembre de 2019 el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Ejecutivo canario, Sebastián Franquis, manifestó a los medios de comunicación que no se iba a desahuciar a nadie, comprometiéndose a buscar fórmulas legales con este Ayuntamiento para facilitar el pago de los alquileres. "Dos meses después, la realidad es que los vecinos de Añaza no han dispuesto de más información ni respuestas a sus demandas e inquietudes y, lo que es más grave, continúan recibiendo diligencias de ejecución para el desalojo de sus hogares, como la notificada durante el presente mes de febrero para el próximo día 3 de marzo", recalca el concejal de CC.

Cabe recordar que en el último cuatrimestre del año 2018, la entidad propietaria de las viviendas localizadas en las parcelas 7 y 8 del barrio de Añaza, en el distrito Suroeste del municipio, comenzó a recibir notificaciones de desahucio genéricas. Hasta ese momento, el contacto de los inquilinos con su arrendador había sido escaso, al no disponer de una oficina física en Tenerife. Se limitaba a comunicaciones postales y alguna llamada telefónica.

Los arrendatarios se encontraron frente a una situación compleja y de indefensión, puesto que el propietario de las viviendas, la entidad mercantil Luri 6 SA, había emprendido, presuntamente, la enajenación de vivienda a los denominados "fondos buitre", igual que había sucedido en otras ciudades españolas. La entidad referida no distinguía entre inquilinos con contrato en vigor o no, ni tampoco entre rentas y su objetivo era el desalojo de tales viviendas para facilitar su venta.

Por dicho motivo, las administraciones canarias comenzaron a trabajar para conseguir la paralización de los desahucios inminentes y solucionar uno de los problemas más graves de estas características sucedidos en España. La retirada de fondos de la entidad financiera Santander, por parte del Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz, fue una de las medidas adoptadas con el fin de propiciar el diálogo, lo cual dio como resultado el acuerdo alcanzado finalmente entre la referida entidad financiera y el Gobierno de Canarias.

El arduo trabajo desarrollado de manera conjunta por las administraciones implicadas permitió la adquisición de las 358 viviendas por parte del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública de promoción de vivienda protegida Visocan SAU, por importe de 24,8 millones de euros, lo que supuso una media de 69.000 euros por vivienda, garaje y trastero.