La asociación de vecinos Azorín entregó ayer en el Diputado del Común un escrito en el que manifiesta su rechazo, y el de otros colectivos de esta zona de la capital, a la posibilidad de que la antigua cárcel Tenerife I se destine a centro de internamiento de mujeres inmigrantes con hijos, una posibilidad avanzada la pasada semana por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y por el presidente canario, Ángel Víctor Torres, en una visita del primero a Las Palmas de Gran Canaria.

En el documento registrado ayer, el colectivo vecinal que preside José Luis Guzmán reclama a la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, y a todo su equipo, que soliciten ayuda de otras administraciones para que busquen alternativas en otros municipios para instalar el recurso previsto.

Recuerda la asociación de vecinos Azorín que este barrio ya soporta la "mayor carga social" de Canarias, con instalaciones como el centro municipal de acogida (CMA), por lo que añadir una más solo traería perjuicios para esta zona de la ciudad.

La oposición del colectivo vecinal a que Tenerife I se convierta en un centro de internamiento para mujeres con hijos se suma a la mostrada por el Partido Popular, Coalición Canaria, Unidas Podemos y, este lunes, por el sindicato Comisiones Obreras.

La organización sindical consideró "desacertada" la decisión del Ministerio del Interior de que personas que no han cometido delito alguno y que huyen de sus países en unas lamentables condiciones sean "recibidas" en una prisión sin haber cometido ninguno.

El sindicato recordó que no es la primera vez que desde el Ministerio de Interior se recurre a las prisiones para solucionar el problema de la inmigración, y apuntó que el anterior ministro del Gobierno del PP, Juan Ignacio Zoido, hizo en 2017 lo mismo en la cárcel de Archidona (Málaga), ingresando a más de 500 inmigrantes y generando situaciones "conflictivas que terminaron con el fallecimiento de un migrante".

En aquel momento, CCOO compartió la posición del PSOE y su "frontal rechazo" al traslado de inmigrantes a la cárcel de Archidona bajo el argumento de que no eran delincuentes.

Ahora, prosiguió el sindicato, el ministro "parece querer repetir el grave fracaso que representó meter a migrantes en la cárcel y ocupar para tal fin la Unidad de Madres del Centro de Inserción Social de Tenerife, que a pesar de haberse finalizado su construcción en 2012 no pudo abrirse por la falta de personal penitenciario".